Polémica por compra de tierras en Florida: ¿Inversión necesaria o mal negocio para el país?

El Instituto Nacional de Colonización (INC) anunció la compra de un inmueble rural de 4.404 hectáreas en el departamento de Florida por un monto superior a los 32 millones de dólares, con el objetivo de instalar allí una colonia lechera de referencia nacional. La operación, amparada en el derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.029, despertó tanto apoyo como críticas dentro del sistema político.

Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde el diputado colorado por Paysandú, quien si bien no se opone a la función social del INC, considera que la compra representa un mal negocio para el país. En declaraciones recientes, el legislador afirmó que la discusión debe ir más allá de si la compra fue legal o no, y centrarse en si este modelo de adquisición de tierras es eficiente y sostenible.

“Capaz que debemos discutir de fondo qué Instituto de Colonización queremos. Quizás la solución no pase por comprar estancias enormes para fraccionarlas en 10 o 12 predios, sino por explorar otras herramientas como el arrendamiento”, expresó.

El legislador señaló que la inversión inicial no termina en los 32 millones de dólares que costó el predio, ya que el Estado deberá afrontar además los costos de infraestructura, como alambrados, caminos internos, instalaciones y servicios básicos para que los colonos puedan efectivamente trabajar la tierra.

“Si vos sos aspirante a colono probablemente no tengas mucho capital, más que las ganas de trabajar. Entonces el Estado va a tener que poner mucho más: recursos, apoyo técnico, maquinaria, infraestructura básica. ¿No sería más práctico haber comprado fracciones más pequeñas ya prontas para entregar?”, planteó.

Para el diputado, esta situación pone en evidencia la necesidad de actualizar las herramientas del INC, muchas de las cuales provienen de la ley original de 1948. En ese sentido, propuso abrir una discusión nacional sobre nuevos modelos de acceso a la tierra, que no necesariamente impliquen propiedad, sino esquemas más flexibles como el arrendamiento con apoyo estatal.

“Yo creo que está bien darle tierra a quien quiere trabajarla. Así como está bien darle vivienda a un jubilado que no puede acceder a ella. Pero capaz que hoy existen mecanismos más ágiles, más económicos y más eficaces para hacerlo. Lo vemos con el BPS, que ha optado por el arrendamiento como solución habitacional. ¿Por qué no pensar en algo similar en el campo?”, reflexionó.

En ese sentido, destacó que en lugar de grandes compras que implican años de implementación, mantenimiento costoso y procesos burocráticos largos, el arrendamiento permitiría poner la tierra a disposición de forma más rápida y menos onerosa.

A su vez, reconoció que durante su propio período de gobierno no se promovieron estos cambios estructurales, pero reafirmó que es momento de pensar en un Colonización adaptado a las necesidades actuales.

“No se trata de destruir el instituto, ni de criticar por criticar. Se trata de que el país necesita respuestas eficaces. Y si queremos que más uruguayos trabajen la tierra, tenemos que darles herramientas reales, no solo títulos”, concluyó.

Mientras tanto, el INC continúa defendiendo la compra como parte de una estrategia de fortalecimiento del modelo productivo nacional y asegura que la colonia lechera proyectada en Florida será un proyecto modelo en inclusión, productividad y desarrollo rural.

La discusión está planteada: ¿cómo debe el Estado garantizar el acceso a la tierra en el siglo XXI?. Las respuestas, más que políticas, parecen exigir una mirada estratégica y moderna del campo uruguayo.