Interpelación a Ortuño: Verri cuestionó la falta de claridad y advirtió sobre los riesgos ambientales del nuevo proyecto

La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, culminó tras 21 horas de debate parlamentario sin una resolución definitiva. No hubo votos suficientes ni para declarar satisfactorias sus explicaciones ni para rechazarlas de manera formal. Sin embargo, el clima de la discusión dejó en claro que la sustitución del proyecto Arazatí por una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía continúa siendo un punto de fuerte controversia política y técnica.

El diputado colorado por Paysandú, Walter Verri, fue una de las voces más críticas durante la extensa sesión. En su intervención, lamentó la falta de claridad y la extensión innecesaria de la exposición del ministro. “Lo que nosotros hubiéramos querido es que del otro lado no fuera tan extenso y que fuera más al punto. Hubiéramos esperado escuchar: ‘Estoy convencido de que este proyecto es mejor que el defendido por el miembro interpelante’. Lamentablemente eso no lo tuvimos. Lo que vimos fue un ministro que vino a leer información y muchas veces nos perdimos en ella”, expresó.

“No fue una interpelación política, fue técnica”

Verri enfatizó que el objetivo de la interpelación no era político-partidario, sino técnico y estratégico. “Quisimos demostrar que el gobierno está equivocado, que tiene la oportunidad histórica de hacer lo que no hizo en 15 años. No se trata de discutir si el contrato de Arazatí se firmó al final del período, sino de debatir cuál es el mejor proyecto para garantizar agua potable a la población”, señaló.

En ese sentido, recordó que los cuestionamientos al proyecto Arazatí por haberse concretado al final del mandato anterior no invalidan su importancia. “Sí, se firmó al final, nos hubiera gustado que fuera antes, pero hubo desgracias externas que atrasaron muchas cosas, entre ellas este tipo de proyectos”, indicó.

Riesgos sociales y ambientales

Uno de los ejes centrales de la intervención de Verri fue el impacto ambiental y social del nuevo proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente. Según el diputado, se trata de una obra que “va a inundar 3.600 hectáreas, desplazar a un número importante de productores rurales en una de las zonas más productivas del país, y provocar deforestación con consecuencias ambientales graves”.

El legislador advirtió que al inundar grandes superficies de vegetación y árboles, se liberarán importantes emisiones de gases de efecto invernadero. “Algunos estudios señalan que esas emisiones podrían duplicar o incluso triplicar lo que Uruguay emite actualmente en CO₂. Esto nos pondría en serias dificultades para cumplir con los compromisos internacionales ya asumidos en materia ambiental”, subrayó.

Además, mencionó la pérdida de ecosistemas, la amenaza a especies y la afectación de tierras agrícolas altamente productivas como aspectos que no han sido suficientemente considerados en la decisión del Ejecutivo. “No creo que alguien pueda decir que un proyecto que desplaza gente, inunda tierra productiva, deforesta y amenaza especies pueda considerarse la mejor alternativa para el país”, sostuvo.

Críticas a la exposición del ministro

Verri también remarcó que el extenso discurso del ministro Ortuño terminó siendo contraproducente. “La interpelación debía servir para aclarar dudas, no para enredarlas. No necesitamos que nos lean todos los documentos disponibles, sino que nos expliquen de forma concreta por qué este proyecto sería mejor que Arazatí”, dijo.

Pese a sus críticas, el diputado colorado destacó su respeto hacia las autoridades de OSE y los técnicos del Ministerio de Ambiente, con quienes aseguró haber trabajado en diversas oportunidades durante su gestión en el Ministerio de Industria. Sin embargo, insistió en que la decisión tomada por el gobierno va en el camino equivocado.

Un debate abierto

La interpelación dejó un saldo político ambiguo: no se declaró satisfactoria la exposición del ministro, pero tampoco fue rechazada formalmente. Esto refleja que el tema seguirá en discusión, tanto en el Parlamento como en la opinión pública, dado que se trata de un proyecto de enorme impacto económico, ambiental y social.

“Lo que está en juego no es un contrato ni una firma, sino el futuro del abastecimiento de agua potable del país y el modelo de desarrollo que queremos para las próximas generaciones”, concluyó Verri en su intervención.