Jean Pierre DutraCARLOS CLAVIJO - Director BPS representación
En medio del avance vertiginoso de la automatización y la inteligencia artificial, representantes sindicales han planteado una propuesta clave en el marco del diálogo social: la creación de un impuesto a las nuevas tecnologías. El objetivo es evitar el reemplazo masivo de trabajadores por máquinas y asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
“Las nuevas tecnologías, bien reguladas, pueden ser beneficiosas. Pero si no lo están, desplazan mano de obra y nos dejan a los trabajadores fuera del sistema”, advirtió un vocero sindical durante una intervención pública reciente. En su exposición, argumentó que una máquina no se enferma, no tiene familia, no descansa y no reclama derechos laborales. Esto la convierte en una herramienta extremadamente rentable para las empresas, pero al mismo tiempo representa una amenaza para el empleo humano.
El planteo central es claro: si las empresas reemplazan a sus empleados por tecnologías automatizadas, deben asumir una carga contributiva adicional. De lo contrario, no solo se afecta a los trabajadores, sino también al sistema de seguridad social, que dejará de recibir aportes patronales y personales mientras se ve obligado a aumentar sus erogaciones para proteger a los desempleados.
“Estas máquinas deberían aportar también a la seguridad social. No se trata de un castigo, sino de una sustitución del aporte que antes hacía el empleador por sus trabajadores”, explicó el dirigente.
Para ilustrar la inequidad del modelo actual, se comparó a dos grandes empresas: una cadena de supermercados con 200 empleados y una empresa agrícola sojera que, con apenas dos operarios y tecnología remota, genera el mismo nivel de ganancias. “¿Quién aporta más al sistema hoy? La del supermercado, por la cantidad de empleados. Pero la que genera igual ganancia con menos personal debería contribuir en la misma proporción”, sostuvo.
La propuesta busca cambiar la lógica del sistema tributario y de seguridad social: que el aporte patronal se base en las ganancias y no en la cantidad de trabajadores. Así, se desincentivaría la automatización extrema y se premiaría la generación de empleo humano.
“Si no cambiamos la forma de aportar, los empresarios, con lógica, dirán: ‘Para competir, necesito despedir 50 empleados y comprar una máquina que los reemplace’. Debemos adelantarnos y establecer un impuesto a las nuevas tecnologías ahora, para que eso no suceda”, enfatizó el vocero.
Además, se propone un esquema de incentivos impositivos para las empresas que contraten más personal. En este modelo, una compañía con más trabajadores pagaría menos impuestos que otra con menos empleados y la misma ganancia. Esto buscaría fomentar el empleo como motor de desarrollo económico y estabilidad social.
“Es una discusión compleja, pero necesaria”, concluyó el representante sindical. “Nos da la oportunidad de proponer una visión más justa, donde empresa y trabajador convivan de forma equilibrada. Sin empresas no hay empleo, pero sin trabajadores no hay sindicatos ni desarrollo social”.
El planteamiento ha generado opiniones encontradas entre empresarios y analistas económicos, pero pone sobre la mesa una preocupación creciente: cómo equilibrar el desarrollo tecnológico con la justicia social y la sostenibilidad del sistema laboral y previsional.
