“No fue un accidente, fue intencional”: crecen las dudas por el hackeo a la Intendencia de Paysandú

La polémica por el hackeo a la Intendencia de Paysandú sigue creciendo. Ahora, con las declaraciones públicas del exsecretario general Andrés Klein, surgieron nuevas sospechas sobre una posible intencionalidad interna, lo que encendió las alarmas en el sistema político y puso en jaque la credibilidad institucional del gobierno saliente.

El diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú fue uno de los que recogió el guante y calificó el hecho como “muy grave” y de altísimo impacto institucional. “Lo que expone Klein no es menor. Si se confirma que el hackeo fue generado desde adentro, estamos ante un hecho que pone en juego la confianza misma en las instituciones públicas”, aseguró.

Según lo manifestado, la pérdida de información afectó trámites ciudadanos, expedientes de empresas, archivos internos e incluso datos salariales de funcionarios municipales. “Se perdió todo. Hasta se tuvo que recurrir al respaldo del mes anterior para pagar sueldos. Muchas personas quedaron sin poder avanzar en sus gestiones porque sus expedientes simplemente desaparecieron”, detalló Gorosterrazú.

Pero lo más delicado no solo es la magnitud del daño, sino la sospecha de intencionalidad. Klein dejó entrever que podría haberse tratado de una maniobra interna para ocultar documentos sensibles, justo en medio de un año preelectoral. “Si eso es así, la gravedad es aún mayor. No solo estamos hablando de negligencia o falta de prevención en ciberseguridad, sino de una posible acción deliberada para eliminar pruebas”, remarcó el legislador.

Gorosterrazú recordó que en su momento el entonces intendente Nicolás Olivera minimizó el hecho comparándolo con “una inundación o un incendio”, y admitió que no se habían tomado las medidas necesarias en seguridad informática. “Lo dijo él mismo, que podría haber hecho más. Eso ya es preocupante. Pero si ahora descubrimos que hubo intencionalidad desde adentro, estamos ante un hecho institucional sin precedentes en Paysandú”, sostuvo.

Desde la oposición se cuestiona además la falta de comunicación clara y oportuna con la ciudadanía tras el incidente. “Lo que pasó no puede ser tratado como una anécdota. Se trata de información pública, de derechos de los ciudadanos y de confianza en el Estado. No se puede barrer debajo de la alfombra”, afirmó Gorosterrazú.

El Frente Amplio pide que el exintendente Nicolás Olivera y la actual administración aclaren lo ocurrido. “Queremos saber qué se perdió exactamente, qué medidas se tomaron, por qué no se actuó antes para prevenir, y si efectivamente existía algún motivo para que alguien desde adentro quisiera borrar información”, enfatizó.

El hackeo —que dejó inoperativos sistemas clave de la Intendencia— se produjo semanas después de denuncias públicas vinculadas a irregularidades en el pago de horas extras, lo que refuerza las sospechas de que podría haber una conexión entre ambos hechos.

“Esto no puede quedar así. No podemos naturalizar que en plena democracia se pierdan expedientes municipales sin consecuencias. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. O fue negligencia grave, o fue algo peor. En cualquiera de los dos casos, la ciudadanía merece respuestas”, concluyó el diputado.

El tema sigue generando tensión en el ambiente político local, y desde el Frente Amplio no descartan impulsar una investigación parlamentaria o judicial. Por ahora, lo único claro es que la confianza en la institucionalidad de Paysandú se vio seriamente afectada, y se necesita claridad urgente.