Transportistas uruguayos rechazan nuevas medidas del gobierno: “Nos ahogan con costos y burocracia”

La Asociación de Transportistas del Uruguay se reunió en Durazno para manifestar un firme rechazo a las nuevas medidas de control propuestas por el gobierno. Entre las exigencias oficiales se encuentran la incorporación de la huella digital de los choferes, la geolocalización obligatoria de los vehículos y la implementación de una guía de carga, iniciativas que buscan un mayor control y profesionalización del sector.

Sin embargo, para los transportistas, estas medidas no solo significan más burocracia, sino también un aumento considerable en los costos de operación. Federico Holzmann, vocero de la asociación, afirmó que en los últimos diez años se ha incrementado la carga administrativa de forma constante, afectando directamente la rentabilidad de las empresas.

“Cada año se agregan costos nuevos y obligaciones que parecen menores, pero que al sumarse terminan afectando seriamente nuestras finanzas”, explicó Holzmann. Entre los principales problemas señalados por el sector, se destacan dos puntos críticos: el precio del combustible y el atraso cambiario.

El combustible representa cerca del 70% del consumo de gasoil del país, y los transportistas aseguran pagar un sobreprecio de 2 pesos con 97 centésimos por litro debido a la ineficiencia de la gestión estatal. “El transporte no tiene por qué ser condenado a sostener costos derivados de malas gestiones o pérdidas de empresas públicas”, reclamó Holzmann.

El otro gran problema es el atraso cambiario, que en el último quinquenio promedió un 30%. Según Holzmann, esta situación viene afectando al sector desde hace más de 15 años, con un promedio de 27% de atraso en ese período. Esto, combinado con la fuerte presión fiscal, termina por eliminar cualquier margen de rentabilidad, convirtiendo al Estado en el “primer socio” que se lleva la mayor parte de las ganancias.

A estos factores se suma el mal estado de la caminería rural, que afecta la operativa diaria y aumenta los costos de mantenimiento de los vehículos. Según los transportistas, el 70% de la red vial rural del país se encuentra en condiciones deplorables, una situación que no ha tenido mejoras significativas en las últimas dos décadas.

La reunión en Durazno sirvió para unificar posturas y definir acciones a seguir, con el objetivo de frenar la implementación de estas nuevas medidas que consideran “asfixiantes”. Desde el gremio reclaman diálogo real y soluciones que tengan en cuenta la realidad económica del sector y no medidas que, según sostienen, solo profundizarán la crisis y pondrán en riesgo miles de puestos de trabajo.

Con esta postura firme, los transportistas uruguayos enviaron un claro mensaje al gobierno: antes de imponer más controles y costos, es necesario resolver los problemas estructurales que arrastra el sector hace años.