Transportistas Rechazan Nuevas Tasas: Reclaman Uso Eficiente de Fondos para la Caminería Rural

El debate sobre el estado de la caminería rural volvió a encenderse luego de que transportistas rechazaran categóricamente la posibilidad de que se implemente una nueva tasa o impuesto departamental. Según afirmaron, la responsabilidad de la situación actual no es del sector privado, sino de las intendencias que no ejecutan los fondos disponibles de forma eficiente y transparente.

Uno de los referentes del sector explicó que “en su momento tuvimos una reunión con el intendente, quien buscaba instalar una nueva contribución bajo argumentos jurídicos que, desde nuestro punto de vista, eran forzados. Dejamos en claro que estábamos totalmente en desacuerdo”. Para los transportistas, este tipo de propuestas representan una sobrecarga injustificada, en un contexto donde el sector ya aporta de forma significativa a la economía y al desarrollo logístico del país.

Durante los últimos años, especialmente en el quinquenio pasado, se destinaron fondos significativos para la mejora de la caminería rural. En particular, se mencionó la emergencia climática que afectó a buena parte del país hace poco más de un año. A raíz de ese evento, se aprobaron partidas por aproximadamente 680 millones de pesos. Sin embargo, según datos relevados por las asociaciones del sector, entre un 42% y 45% de esos fondos fueron efectivamente utilizados, y en algunos departamentos ese porcentaje fue aún menor.

“Es decir, los recursos estaban, pero no se usaron. ¿Y quién tiene la responsabilidad entonces? Claramente no es el empresario ni el transportista, sino el gobierno departamental que no ejecutó como debía”, denunció el vocero. “Nosotros generamos los recursos y cumplimos con nuestras obligaciones. Pero los fondos terminan en otros destinos y no en los caminos rurales, como estaba previsto”.

El argumento central de los transportistas es que no se puede justificar la creación de una nueva carga tributaria sin antes garantizar el uso adecuado de los fondos existentes. “Hicimos un relevamiento en varias zonas del país a través de nuestra asociación. Revisamos si se estaba cumpliendo con el mantenimiento de la caminería rural con los fondos que ya habían sido adjudicados, y la respuesta fue negativa. En muchos casos, los caminos siguen en mal estado y no hay señales claras de inversión en infraestructura”, explicaron.

Además, subrayaron que esta problemática es estructural: el Estado, ante la presión de mantener el gasto público, busca alternativas rápidas para recaudar más, trasladando el peso al sector productivo. “El Estado vuelve a tirar el fardo al empresario. En vez de mejorar la gestión, opta por seguir exprimiendo al que trabaja. Y lo más preocupante es que esa recaudación no se transforma en mejoras reales. El gasto público se convierte en insaciable, y el destino de los fondos es cada vez más incierto”, señalaron con firmeza.

Desde el sector transportista se reclama no solo una mayor eficiencia en la ejecución presupuestal, sino también transparencia y fiscalización del destino de los recursos. “Estamos abiertos al diálogo, queremos trabajar con las intendencias, pero con reglas claras. No podemos aceptar nuevas tasas mientras no haya garantías de que el dinero irá donde debe ir: a mejorar la caminería que usamos todos los días para mover la producción del país”.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que se realicen auditorías sobre la ejecución de los fondos destinados a caminería, y que se detengan los intentos de imponer nuevas tasas sin antes corregir las falencias de gestión ya existentes.

Conclusión:
El conflicto entre transportistas e intendencias revela una tensión de fondo sobre cómo se manejan los recursos públicos. Mientras los caminos rurales siguen deteriorándose, el sector exige soluciones reales, sin más impuestos, y con una administración eficiente de los dineros ya disponibles.