Jean Pierre DutraJUAN GOROSTERRAZÚ
Las denuncias realizadas en los últimos días por el exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, Andrés Klein, siguen generando repercusiones políticas e institucionales. Una de las más preocupantes, según dirigentes del Frente Amplio, apunta directamente a un presunto uso político de funcionarios públicos durante la pasada administración del Partido Nacional, encabezada por Nicolás Olivera.
“Coincido plenamente: el funcionario público está para cumplir su función, más allá de su ideología personal. Es un servidor del Estado, no de un partido político”, declaró un referente del Frente Amplio, haciendo alusión a las declaraciones de Klein, quien aseguró que varios trabajadores eran presionados para participar en actividades partidarias y que, incluso, “se les pasaba lista” en actos y reuniones del Partido Nacional.
La gravedad de la denuncia no solo reside en la intencionalidad política, sino en el contexto de asimetría de poder y precariedad laboral en que se encuentran muchos trabajadores municipales. “Muchos están contratados a término, con poca estabilidad. Imaginá lo que implica para alguien así sentirse obligado a militar o perder el trabajo. Eso es abuso de poder”, remarcaron.
Además, la dirigencia del Frente Amplio señala que estas prácticas vulneran derechos fundamentales:
“En un país democrático, cada persona tiene derecho a pensar y votar como quiera. Cuando desde el lugar de trabajo se ejerce presión para condicionar eso, se está cruzando una línea muy grave”, sostuvieron.
El caso recuerda a otras denuncias que ya habían circulado en el pasado, pero que ahora cobran fuerza por provenir del propio corazón de la administración saliente. “Lo dicho por Klein no es una simple opinión. Es el testimonio de quien estuvo en el núcleo de la gestión. Si él dice que se pasaba lista y que hubo presiones, es algo que debe ser investigado a fondo”, exigieron.
El tema no solo preocupa desde lo ético, sino también desde lo institucional. “Esto habla de una cultura de control y manipulación interna, que contradice los valores republicanos que deberíamos defender”, agregaron.
Junto con estas denuncias, Klein también hizo referencia a graves falencias administrativas en la Intendencia: desde déficit financiero, falta de recursos básicos como “papel higiénico y agua”, hasta problemas serios de gestión y transparencia. Todo esto compone un panorama que desde el Frente Amplio consideran “alarmante”.
“Acá se está hablando de un debilitamiento profundo del Estado departamental. Si no hay recursos, si no hay garantías laborales, si se manipula políticamente a los funcionarios, ¿qué tipo de institucionalidad estamos dejando?”, cuestionaron.
En este contexto, referentes del Frente Amplio insisten en que el exintendente Nicolás Olivera debe dar explicaciones públicas. “Ya no se trata solo de diferencias políticas. Estamos hablando de derechos vulnerados, de posibles delitos, y de una crisis institucional que necesita respuesta inmediata.”
Además, no descartan acudir a instancias legales. “Si estas prácticas se confirman, no pueden quedar impunes. Ningún funcionario debe ser obligado a militar, y ningún gobierno puede usar el aparato estatal para fines partidarios”, concluyeron.
La situación en Paysandú se encuentra bajo la lupa, y con cada nueva declaración crece la presión sobre las autoridades salientes para dar explicaciones. Mientras tanto, desde distintos sectores se insiste: hay que proteger la institucionalidad y la dignidad de los trabajadores públicos.
