Edilas y ediles acusan a la administración de Nicolás Olivera de trasladar o presionar a trabajadores por razones políticas y anuncian que llevarán el caso a la Justicia
Actualidad23 de abril de 2025
Jean Pierre DutraUna fuerte denuncia sacudió el ámbito político de Paysandú esta semana. Desde la bancada del Frente Amplio, ediles y edilas afirmaron que durante los últimos cinco años se ha ejercido una “persecución laboral sistemática” dentro de la Intendencia Departamental, donde muchos trabajadores fueron desplazados de sus funciones o presionados políticamente.
“Muchos han tenido miedo de ser sacados de sus lugares de trabajo o enviados a funciones totalmente distintas a las que desempeñaban. Eso es inaceptable en cualquier administración pública y mucho más cuando se trata de personas que solo quieren cumplir con su labor”, expresó una edila frenteamplista en una reciente intervención.
La crítica estuvo centrada en la gestión del exintendente Nicolás Olivera, a quien acusaron de usar la Intendencia como “una guarida política”. “Esa es la palabra que le cabe hoy a la gestión: una guarida. Escuchamos relatos de cómo se ha perseguido a trabajadores, cómo se los ha presionado a militar o se los ha corrido si no respondían políticamente”, apuntaron.
Un dato que los representantes frenteamplistas consideran clave es que, según información oficial brindada por la actual intendenta Nancy Núñez, existen más de 400 trabajadores municipales certificados —es decir, con licencias médicas o laborales prolongadas—, lo que consideran un síntoma grave del clima interno en la administración.
“Durante cinco años se habló desde el gobierno nacional de salud mental, pero hoy se acusa livianamente a los trabajadores de estar certificados para militar. Incluso se ha dicho que se les pasa lista en actos partidarios. Esos hechos son gravísimos y podrían tener incluso apariencia delictiva”, advirtieron.
Para el Frente Amplio, se ha vulnerado un principio básico: los derechos laborales de los funcionarios públicos. “Los trabajadores municipales no están por fuera de la lucha por derechos que ha costado años construir en este país. No se puede obligar a nadie a militar por determinado candidato, y mucho menos castigar o precarizar su situación laboral por eso”.
Además, hicieron referencia a la Fundación A Ganar, a la que vinculan directamente con prácticas irregulares dentro del organigrama de la Intendencia. “Esa fundación fue incorporada entre gallos y medianoche en diciembre de 2020. Hoy forma parte de un entramado que entendemos debe ser investigado en profundidad”, indicaron.
La bancada frenteamplista anunció que elevará todos estos antecedentes a la Justicia, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. “Vamos a intentar comprobarlo a través de la vía legal. No podemos permitir que se naturalice el uso del aparato estatal como una herramienta de presión política”, concluyeron.
La denuncia abre un nuevo capítulo de tensión en la recta final del período de gobierno departamental, y seguramente traerá repercusiones tanto dentro como fuera del ámbito institucional.
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