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El senador Nicolás Olivera impulsa un proyecto de ley para que el Parlamento regule las tasas de interés aplicadas a préstamos destinados a jubilados y pensionistas con ingresos de hasta 26.304 pesos. La iniciativa busca frenar lo que considera un lucro excesivo del Estado a costa de los sectores pasivos más vulnerables.
Actualidad15 de abril de 2025El senador Nicolás Olivera anunció que presentará un proyecto de ley con el objetivo de que sea el Parlamento quien defina y regule las tasas de interés que se aplican a los préstamos otorgados por instituciones oficiales a jubilados y pensionistas con ingresos mensuales de hasta cuatro Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que equivale actualmente a 26.304 pesos uruguayos.
La iniciativa busca aliviar la carga financiera de los sectores pasivos más vulnerables, que muchas veces recurren a créditos para cubrir necesidades básicas, pero que se ven afectados por intereses considerados excesivos, incluso cuando los préstamos provienen de instituciones del propio Estado, como el Banco de Previsión Social (BPS) o el Banco República (BROU).
Olivera, en declaraciones recientes, recordó que esta no es la primera vez que impulsa este tipo de medida. Ya había presentado un proyecto similar cuando fue diputado durante el último gobierno del Dr. Tabaré Vázquez y antes de asumir la Intendencia de Paysandú. “Lo volvemos a presentar porque entendemos que el Estado en esto es perverso”, afirmó con contundencia.
Según el legislador, el sistema actual es injusto porque por un lado el Estado no logra —o no puede— aumentar las pasividades más bajas, y por otro lado, ofrece préstamos a través de ventanillas oficiales pero con tasas de interés que rondan el 28% o 29%. “Estamos hablando de una inflación que en Uruguay está en el entorno del 5% o 6%, entonces el margen que le queda al banco es altísimo”, argumentó Olivera.
El senador también cuestionó el rol del Banco República, señalando que la institución ha reportado ganancias de entre 600 y 700 millones de dólares anuales. “Lo perverso es que el Estado no puede hacer un esfuerzo para mejorar las jubilaciones más bajas, pero sí presta dinero y lucra con esas operaciones. Y vaya si es un buen negocio para el banco”, expresó.
Olivera señaló además que estos préstamos tienen un riesgo prácticamente nulo para las entidades que los otorgan. “Estamos hablando de pasivos a los que se les descuenta automáticamente del haber mensual, y si el beneficiario fallece, existe un seguro que cubre la deuda. Es decir, el banco siempre cobra”, explicó.
El proyecto de ley propone que el Parlamento fije una tasa de interés tope para este tipo de préstamos, de modo que esté alineada con los niveles de inflación y no implique una ganancia desproporcionada para las instituciones prestamistas. “No se trata de prohibir que se otorguen préstamos, sino de poner límites razonables a los intereses, especialmente considerando que se trata de personas mayores, con ingresos bajos, y que el préstamo es prácticamente libre de riesgo para el Estado”, enfatizó.
El senador también hizo referencia a una realidad visible en cada fin de año: las largas filas de jubilados frente al Banco República para renovar créditos. “Es una imagen que se repite cada diciembre. Nuestros viejos haciendo fila para endeudarse de nuevo. Por un lado no se mejora su ingreso, pero por otro se les facilita el crédito y se lucra con ellos. No es justo”, declaró.
Finalmente, Olivera remarcó que esta medida no busca desfinanciar a las instituciones, sino establecer un equilibrio más justo entre la función social del Estado y su rol como agente financiero. “No podemos seguir permitiendo que el Estado, a través de sus instituciones, gane dinero a costa de los que menos tienen. Es hora de poner esto sobre la mesa y discutirlo en el Parlamento”, concluyó.
El proyecto será presentado en los próximos días y se espera que genere un amplio debate tanto dentro como fuera del ámbito legislativo, especialmente por el impacto que podría tener en miles de jubilados y pensionistas en todo el país.
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