Laura Pereyra
¿Sabías que en Uruguay sí se puede enviar ganado con garrapata a faena? Lo permite la ley 18.268. Pero no es un permiso para relajarse: es una herramienta pensada para reforzar las buenas prácticas sanitarias, evitar errores costosos y proteger el acceso a los mercados internacionales más exigentes.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha sido claro: los productores pueden enviar animales parasitados a frigorífico, pero solo si el veterinario de libre ejercicio notifica oficialmente el hallazgo y se cumple con el procedimiento sanitario. No se trata de alentar el envío de ganado con parásitos, sino de evitar prácticas inadecuadas, como medicar a última hora animales ya prontos para faena, lo que eleva el riesgo de residuos en carne: “no hay impedimento legal, pero sí una condición técnica: notificar a tiempo, con el formulario correspondiente. Así se evita una presión innecesaria sobre el productor y se promueven prácticas responsables”, explicó el Dr. Carlos Fuellis, adjunto a la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG).
El problema de fondo no es la garrapata en sí, sino lo que viene después de un mal manejo: los residuos no conformes. Estos aparecen cuando se utilizan mal los productos garrapaticidas —por ejemplo, sin respetar los tiempos de espera— y pueden poner en jaque no solo al productor, sino a todo el país exportador.
“No es un tema menor, ni complejo de solucionar. Simplemente hay que respetar las etiquetas, las dosificaciones, y registrar bien la información. Las buenas prácticas tienen un efecto inmediato”, aseguró Fuellis.
El mensaje es claro: usar productos registrados, calibrar correctamente, considerar el peso real de los animales y registrar todo en la planilla sanitaria oficial son pasos fundamentales para evitar problemas.
Más allá del impacto sanitario, las pérdidas económicas asociadas a la garrapata son notables. Estudios estiman que un animal puede perder hasta 80 kilos por año en condiciones medias de parasitosis. Pero el verdadero daño es más silencioso: una detección de residuos puede cerrar mercados clave como China, que recibe más del 60% de nuestras exportaciones cárnicas: “un error evitable puede poner en riesgo un mercado entero. Ya lo vivimos y sería aún más grave si vuelve a pasar”, advirtió Fuellis.
El veterinario de libre ejercicio es más que un certificador: es un aliado estratégico. Su rol es asegurar que las decisiones sanitarias respeten la ley, optimicen los costos productivos y minimicen riesgos: “cuando se suman el conocimiento técnico del veterinario, la voluntad del productor y la disponibilidad de buenos productos, se puede construir un plan sanitario efectivo y rentable”, concluyó Fuellis.
La ley no es un atajo. Es una herramienta técnica que, bien aplicada, protege al productor, cuida la reputación del país y garantiza que la carne uruguaya siga siendo sinónimo de confianza en el mundo.
