Transparencia bajo la lupa: reclamos por acceso a información pública en la Intendencia de Paysandú

El abogado Federico Álvarez Petraglia volvió a poner en agenda la discusión sobre el acceso a la información pública en el departamento de Paysandú, cuestionando la forma en que la Intendencia ha respondido a diversos pedidos de información. Según afirmó, en reiteradas oportunidades las respuestas oficiales han sido incompletas, dilatadas y poco claras, a pesar de existir fallos judiciales que obligaban a su entrega.

Durante su intervención pública, Álvarez Petraglia detalló una serie de consultas realizadas a la Intendencia departamental, muchas de las cuales fueron respondidas por la Dra. Massilli, designada por el intendente Mario Olivera. El abogado expresó que esta funcionaria brindó respuestas parciales, incumpliendo con lo dispuesto por las sentencias judiciales de primera y segunda instancia que exigían la entrega total de la información solicitada.

Uno de los temas más destacados fue el uso de la Fundación A Ganar para la contratación de personal. Según Álvarez Petraglia, unas 426 personas fueron contratadas a través de este mecanismo, lo que implicó un desembolso de aproximadamente 20 millones de pesos por parte de la Intendencia en los últimos años.

Otro punto de atención fue la construcción del nuevo hogar estudiantil, cuya inversión asciende a 6 millones de dólares. El abogado señaló que, hasta que se solicitó información formalmente, no se conocía el monto de esta obra ni sus detalles. Además, cuestionó su ubicación en una zona propensa a quedar aislada en caso de inundaciones, lo que consideró una grave falla de planificación.

En cuanto a la gestión de residuos, Álvarez Petraglia denunció una falta de transparencia en la inversión realizada en el vertedero municipal, donde se habría gastado cerca de 300.000 dólares en infraestructura, galpones y maquinaria. Según sus declaraciones, la organización Sandeco habría reportado una inversión de 700.000 dólares en el lugar, dato que él puso en duda, argumentando que dicha entidad no cuenta con recursos suficientes ni siquiera para garantizar el salario mínimo de sus funcionarios ni condiciones básicas de seguridad laboral.

Además, el abogado mencionó gastos millonarios en otras obras públicas, como el estadio cerrado municipal (6 millones de dólares) y obras en la Plaza Constitución (300.000 dólares), insistiendo en que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se invierten los fondos públicos.

Finalmente, Álvarez Petraglia criticó lo que calificó como "tozudez institucional" de la Intendencia al demorar hasta 45 días en entregar información, incluso luego de fallos judiciales favorables a su solicitud. También cuestionó la creación de cargos políticos como el de la prosecretaria Massilli, insinuando que fue una designación vinculada a su actuación en juicios contra la comuna.

Este nuevo episodio revive el debate sobre la transparencia en la administración pública y la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la información como herramienta de control ciudadano.