El cese de trabajadoras del personal de servicio deja a familias en situación crítica. Exigen respuestas y estabilidad laboral para no quedar en la vulnerabilidad.
Actualidad04 de septiembre de 2025
Jean Pierre DutraLa reciente decisión de dar de baja a ocho mujeres que integraban el personal de servicio en Paysandú generó preocupación y debate en distintos sectores sociales y políticos del departamento. Se trata de jefas de hogar, muchas de las cuales sostenían a sus familias únicamente con el salario que percibían de esta actividad.
La medida no solo implica la pérdida de una fuente de ingresos, sino que además abre interrogantes sobre la precariedad laboral, la falta de estabilidad en ciertos sectores de trabajo y las consecuencias que este tipo de decisiones generan en comunidades que ya enfrentan dificultades económicas.
Aunque los casos se resumen en una cifra —ocho mujeres cesadas—, detrás de cada una de ellas hay historias personales de esfuerzo y sacrificio. Algunas son madres solteras que deben cubrir gastos de vivienda, alimentación y educación de sus hijos. Otras conviven con situaciones familiares complejas donde la ausencia de otro aporte económico vuelve aún más difícil sostener el hogar.
“Era mi único ingreso, ahora no sé cómo voy a pagar el alquiler ni cómo voy a darle lo necesario a mis hijos”, expresó una de las trabajadoras afectadas en declaraciones a medios locales.
La situación volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente: la tercerización y fragilidad contractual de quienes cumplen tareas de servicio en instituciones públicas o privadas. En muchos casos, los contratos se renuevan de forma temporal, lo que deja a los trabajadores expuestos a la incertidumbre y sin garantías de continuidad.
Organizaciones sindicales y sociales sostienen que este modelo de empleo genera una inseguridad estructural que afecta sobre todo a mujeres, quienes suelen concentrarse en tareas de limpieza, cocina o servicios auxiliares.
Diversas voces han comenzado a reclamar que este tipo de empleos cuenten con mayores garantías laborales, asegurando condiciones mínimas de estabilidad y respeto por los derechos de los trabajadores.
Desde algunos colectivos se ha insistido en que las jefas de hogar deberían ser contempladas con especial atención, dado que la pérdida de su empleo impacta de forma directa en la alimentación y bienestar de niños y adolescentes.
“Cuando se deja sin trabajo a una mujer que sostiene sola a su familia, no solo se la afecta a ella, se está poniendo en riesgo a todo su núcleo familiar. Es un problema social que trasciende lo laboral”, afirmaron referentes gremiales.
La situación plantea un desafío también para las instituciones vinculadas, que deben buscar alternativas para evitar que estas mujeres queden en la total vulnerabilidad. En algunos ámbitos se ha propuesto generar mesas de diálogo con autoridades, sindicatos y representantes sociales, para encontrar soluciones de corto y mediano plazo.
Entre las posibles medidas se mencionan programas de reinserción laboral, capacitaciones para abrir oportunidades en otros sectores, y la incorporación paulatina de estos servicios al marco institucional de ASSE o de dependencias estatales, evitando así la tercerización.
Si bien el caso de las ocho trabajadoras de Paysandú concentra hoy la atención, la problemática refleja una realidad más amplia: la precariedad laboral de cientos de trabajadores en el país. Sectores como limpieza, cocina, lavaderos o mantenimiento suelen ser los más afectados, con salarios bajos, contratos temporales y poca cobertura de derechos básicos.
La coyuntura actual, marcada por la inflación y el encarecimiento del costo de vida, agrava la situación de las familias que dependen de estos ingresos. Por eso, analistas locales sostienen que el impacto de este tipo de despidos es mucho mayor del que se percibe en cifras frías.
Las ocho mujeres despedidas, junto a colectivos sociales que las respaldan, coinciden en un reclamo claro: estabilidad laboral, reconocimiento y dignidad en el trabajo. Señalan que no se trata solo de conservar un empleo, sino de garantizar un derecho básico a sostener a sus familias.
En los próximos días se prevé que continúen las gestiones para intentar encontrar una solución. Mientras tanto, el caso abre un debate necesario en Paysandú y a nivel nacional: cómo generar un modelo de empleo más justo, inclusivo y seguro, que no deje a nadie atrás.
En síntesis: ocho mujeres sanduceras, jefas de hogar, perdieron su único sustento económico tras ser dadas de baja en el personal de servicio. La situación desató reclamos por estabilidad laboral y visibilizó la precariedad que afecta a cientos de trabajadores en áreas tercerizadas.
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