Laura Pereyra
Cada 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, una fecha establecida por la UNESCO en 1993 para celebrar los principios fundamentales de la libertad de expresión, evaluar su estado a nivel mundial, defender a los medios frente a ataques a su independencia y rendir homenaje a periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.
La libertad de prensa es un pilar esencial de las sociedades democráticas. Su ejercicio garantiza el acceso a la información, permite el control ciudadano de los poderes públicos, y fomenta una cultura de transparencia y participación. Sin embargo, también enfrenta desafíos crecientes, tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas, donde se manifiestan formas más sutiles de presión, censura o autocensura.
Uruguay es tradicionalmente considerado uno de los países de América Latina con mejores indicadores en materia de libertad de prensa. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Freedom House suelen ubicar al país en posiciones destacadas dentro de sus respectivos rankings. En su informe 2024, RSF colocó a Uruguay en el puesto 52 entre 180 países evaluados, manteniéndolo dentro de las naciones con “situación satisfactoria”.
El marco legal uruguayo respalda firmemente la libertad de expresión y de prensa. La Constitución garantiza este derecho, y los periodistas no requieren licencia para ejercer su labor. Además, el país no registra casos recientes de periodistas encarcelados o medios clausurados por motivos políticos, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del continente.
Uno de los puntos en debate ha sido el acceso a la información pública. Aunque la Ley N° 18.381, aprobada en 2008, estableció un marco para el acceso ciudadano a datos públicos, periodistas han señalado demoras o negativas en la entrega de información solicitada a distintas instituciones del Estado, lo que dificulta la labor investigativa.
También se han registrado cuestionamientos al uso de figuras legales como las demandas por difamación, especialmente cuando provienen de figuras públicas. Aunque el sistema judicial uruguayo ha tendido a favorecer la libertad de expresión en estos casos, la sola presentación de demandas puede generar un efecto intimidatorio, en especial en medios pequeños o independientes.
Otro tema relevante ha sido el debate sobre la Ley de Medios, impulsada originalmente en 2014 y modificada parcialmente en 2022. Si bien algunos de los cambios propuestos apuntaban a modernizar la normativa, voces críticas advirtieron sobre riesgos de concentración mediática o vacíos en la regulación de contenidos, lo que podría afectar la diversidad informativa a largo plazo.
A nivel internacional, el ejercicio del periodismo atraviesa un contexto desafiante, marcado por la desinformación, el descrédito hacia los medios tradicionales y la precarización laboral. Estas tendencias también tienen repercusiones en Uruguay, donde las transformaciones del ecosistema digital han llevado al cierre de algunos medios locales, la concentración de audiencias en redes sociales y nuevas formas de presión indirecta sobre periodistas.
En este sentido, organizaciones como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) cumplen un rol clave al monitorear casos de restricciones, promover marcos legales adecuados y brindar apoyo a comunicadores en situaciones de conflicto.
En el marco de esta conmemoración, diversos organismos nacionales e internacionales han recordado que la libertad de prensa no es un derecho garantizado por sí mismo, sino una conquista que requiere vigilancia, compromiso y acción constante.
Uruguay, si bien goza de una situación relativamente favorable, no es ajeno a las tensiones y desafíos que atraviesan el periodismo a nivel global. La defensa de un periodismo libre, plural y crítico sigue siendo fundamental para fortalecer la democracia y garantizar una ciudadanía bien informada.
Desde Somos de Acá, reafirmamos nuestro compromiso con el ejercicio responsable de la comunicación, el acceso libre a la información y el respeto a todas las voces que enriquecen el debate público.
