Gustavo Salle calificó el caso Cardama como un contrato con apariencia delictiva

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, volvió a generar repercusión política tras referirse en duros términos al denominado caso Cardama, vinculado a la construcción de patrulleros oceánicos para la Armada Nacional en un astillero español. En declaraciones recientes, Salle calificó el acuerdo como un “contrato con apariencia delictiva y fraudulenta”, señalando responsabilidad directa del gobierno del Frente Amplio y del exfiscal de Corte Jorge Díaz Almeida.

Según el legislador, el caso representa “una muestra clara de ineficacia, negligencia e incluso dolo en la administración de los recursos públicos”. Recordó que, bajo el mandato frenteamplista, el Estado uruguayo pagó 12,3 millones de euros al astillero Cardama, y poco tiempo después denunció incumplimientos y buscó rescindir el contrato. Para Salle, esa secuencia “es incompatible con una gestión seria y transparente de los fondos del pueblo uruguayo”.

“Pagaron antes y se dieron cuenta después”

En su intervención, el diputado relató:

“El Dr. Jorge Díaz Almeida, integrante del triumvirato dictatorial de la Torre Ejecutiva, dice que hay apariencia de estafa y de fraude. Pero Jorgito, tu gobierno pagó 12,3 millones de euros. ¿No te diste cuenta antes de largar la guita del pueblo? ¿Te diste cuenta después? Eso demuestra ineptitud y falta de control”.

Salle cuestionó duramente la actuación del entonces gobierno frenteamplista, al que calificó de “triumvirato dictatorial e inepto”, y sostuvo que el contrato con el astillero español fue diseñado de forma lesiva para los intereses de Uruguay.
“Es un contrato pésimamente hecho del lado uruguayo y muy bien hecho del lado privado español. Es un nido de pleitos, un ejemplo de cómo no se debe negociar con fondos públicos”, remarcó.

“Un astillero inadecuado y un contrato sospechoso”

El diputado aseguró además que el Astillero Cardama no tiene las condiciones técnicas ni la experiencia necesarias para fabricar buques militares, ya que “se dedica principalmente a la reparación y construcción de barcos pesqueros”.
“Estamos hablando de un contrato secreto, con apariencia de coima, firmado con una empresa que no tiene capacidad comprobada para construir patrulleros oceánicos. Nada tiene que ver con la función militar que se buscaba. Es un negocio mal planteado desde su origen”, afirmó.

Salle sostuvo que el error o la irregularidad pudo originarse por negligencia, mal asesoramiento o incluso intención deliberada. “No sabemos si actuaron con torpeza o si querían que fuera así. Y ahí está la apariencia delictiva que denunciamos”, agregó.

Críticas al Frente Amplio y análisis jurídico

Desde su perspectiva jurídica, el legislador también cuestionó el accionar posterior del gobierno del Frente Amplio, que luego de pagar el monto millonario pretendió desconocer el contrato.
“Después de efectuar el pago, de acuerdo con el artículo 1303 del Código Civil, hay una ratificación fáctica del contrato, porque los hechos valen tanto como lo escrito. Al pagar, el Estado confirmó la validez del acuerdo, y luego lo atacó, cayendo en una conducta ambigua, ambivalente e ineficiente”, explicó.

Salle consideró que esa contradicción deja al país en una posición débil desde el punto de vista jurídico y diplomático, y advirtió que podría derivar en nuevas demandas internacionales contra el Estado uruguayo. “La improvisación y la ineptitud se pagan caro. Y en este caso, el costo lo asume el pueblo uruguayo”, dijo.

“Identidad Soberana pide transparencia y responsabilidad”

El diputado concluyó afirmando que Identidad Soberana seguirá impulsando el esclarecimiento de este caso y reclamando responsabilidad política y penal para quienes intervinieron en el acuerdo.
“Nuestra posición es clara: exigimos transparencia, rendición de cuentas y el fin de los contratos secretos que comprometen el futuro del país. Uruguay necesita un Estado fuerte, soberano y honesto, no gobiernos que firman en la oscuridad y después buscan excusas”, finalizó.

Con esta nueva intervención, Gustavo Salle vuelve a poner el foco en la gestión de los contratos internacionales y en la necesidad de controlar la administración de los recursos públicos, en un tema que promete seguir generando debate en el ámbito político y judicial uruguayo.