El diputado nacionalista Fermín Farinha advirtió sobre múltiples irregularidades en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Reclamó una investigación parlamentaria urgente y cuestionó la postergación del debate hasta 2026, señalando posibles responsabilidades políticas y jurídicas en el proceso.
Actualidad03 de septiembre de 2025
Jean Pierre DutraEl diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, expresó fuertes cuestionamientos sobre el proceso de adquisición de la estancia María Dolores, señalando que existen “un sinnúmero de irregularidades” que deben ser investigadas por el Parlamento.
Durante una intervención en la Cámara de Representantes, Farinha insistió en la necesidad de avanzar con voluntad política en una investigación que permita esclarecer el accionar de los organismos y autoridades involucradas en la compra del predio, realizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC).
El legislador nacionalista fue enfático al sostener que el proceso de compra estaría viciado desde su origen, no por percepciones personales, sino por informes independientes de organismos externos que ya se han pronunciado sobre la legalidad de la operación.
“Ya quedó en evidencia en la Cámara de Senadores un sinnúmero de irregularidades que, por más que hoy podamos calificar como indicios, requieren de un ámbito adecuado para ser analizadas con seriedad”, afirmó Farinha.
Asimismo, cuestionó que se haya concretado una operación de compraventa “de dudosa regularidad” sin contar con todos los votos necesarios dentro del directorio del INC y advirtió que algunos de los integrantes que participaron del proceso “estaban viciados para intervenir”, lo que podría configurar un conflicto de intereses.
Farinha también criticó duramente que el tratamiento del tema en el Parlamento se postergue hasta marzo del próximo año, considerando que esta demora representa un intento de "patear la pelota para adelante" y evitar enfrentar un asunto que podría implicar responsabilidades políticas y jurídicas.
“¿Cómo le vamos a explicar a los ciudadanos que este tema no se va a discutir hasta el año que viene?”, se preguntó el diputado. En ese sentido, hizo un llamado tanto al oficialismo como a la oposición para que acompañen con sus votos la creación de una comisión investigadora parlamentaria que aborde el caso con transparencia.
Farinha remarcó que los jerarcas públicos involucrados en este tipo de decisiones están alcanzados por la Ley N.º 19.823 y por la propia Constitución de la República, por lo que tienen un “deber ético y jurídico” en la conducción de las políticas públicas.
“No se trata de opiniones personales. Se trata de hechos que están de manifiesto”, insistió el legislador, y agregó que es responsabilidad del sistema político actuar con seriedad y sin dilaciones, más aún cuando se está por discutir el próximo presupuesto nacional.
Finalmente, el diputado sanducero reafirmó que el objetivo no es generar un enfrentamiento político, sino “traer luz” sobre un procedimiento que, a su entender, ha sido opaco y cuestionable desde múltiples frentes. En esa línea, exhortó a que la investigación se lleve adelante fuera de todo sesgo partidario, con el fin de recuperar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.
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