Frente Amplio exige anular licitación de RRHH en Paysandú: acusan falta de transparencia y riesgo para fondos públicos

La bancada del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Paysandú solicitó formalmente al intendente Nicolás Olivera que deje sin efecto la licitación pública para la gestión de recursos humanos recientemente realizada. El llamado, que tuvo como único oferente a la Fundación A Ganar, generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que acusa falta de transparencia y advierte sobre posibles consecuencias legales y económicas para el departamento.

El edil Andrés Imperial, vocero de la bancada, recordó que las críticas a este modelo no son nuevas. Según explicó, desde hace más de cuatro años vienen denunciando que las capacitaciones y experiencias laborales que antes se desarrollaban bajo contratos a término directamente con la Intendencia pasaron a gestionarse a través de la mencionada fundación. “Todas las maestras de los CAIF y otros rubros estaban antes bajo la órbita de la Intendencia. Ahora tenemos una intendencia paralela, porque la Fundación A Ganar participa en recolección de residuos, bacheo, manejo de vehículos y, sobre todo, incorpora punteros políticos”, afirmó.

Imperial aseguró que no existe información clara sobre cuántas personas emplea la fundación ni sobre la nómina que presenta. “Nos dicen que no tenemos por qué saber cuántos trabajadores tienen, lo que constituye un ocultamiento deliberado. Paysandú es la única intendencia en el país que ha pagado multas por esconder información y no presentarla en tiempo y forma ante la Justicia”, denunció.

El edil recordó que, según su versión, en ocasiones anteriores el intendente no solo omitió entregar información solicitada, sino que presentó datos incompletos o erróneos. “Una fiscal tuvo que recordarle que debía responder lo que se le preguntaba, no traer carpetas con documentación para que los demás buscaran lo que necesitaban”, relató.

Para el Frente Amplio, el problema no es solamente de forma, sino de fondo. Imperial señaló que el monto de la licitación asciende a unos 85 millones de dólares, cifra que considera “mucha plata como para manejar con tan poca claridad”. Además, advirtió que la Fundación A Ganar “está siendo observada con otros ojos” y que el vínculo con la Intendencia podría derivar en “consecuencias fuertes” tanto a nivel político como judicial.

En este sentido, reclamó que el intendente Olivera detenga el proceso y reconsidere el llamado. “Creemos que debería esperar, que no otorgue la licitación y que evalúe qué puede pasar con todo esto. Ya que está en comunicación con el gobierno nacional, que tome precauciones. Si algo sale mal, es Paysandú quien tendrá que pagar las consecuencias”, advirtió.

Imperial también manifestó su confianza en que organismos como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Justicia intervengan para revisar la legalidad y la transparencia del proceso. Según dijo, la situación fronteriza del departamento y las dificultades económicas que atraviesa la región hacen aún más urgente asegurar que los fondos públicos se manejen con responsabilidad y apertura.

La solicitud del FA se suma a un clima político ya tensionado por otros cuestionamientos a la gestión de Olivera, particularmente en materia de acceso a la información pública y manejo de recursos. Mientras tanto, desde el oficialismo aún no se han emitido declaraciones formales sobre si se reconsiderará la adjudicación o si se mantendrá el contrato con la Fundación A Ganar.

La polémica deja en evidencia un debate más amplio sobre los mecanismos de contratación en las intendencias y el rol de las organizaciones privadas en la ejecución de tareas públicas. Para la oposición, el caso de Paysandú es un ejemplo de cómo, bajo el argumento de eficiencia y tercerización, se pueden abrir puertas a prácticas que afectan la transparencia, la ética y la confianza ciudadana.