Colacce propone exonerar de IVA a ONG que construyen viviendas sociales

ALEJANDRO COLACCE - Edil Partido Nacional

En el marco de un debate cada vez más relevante sobre el acceso a la vivienda y el rol de las organizaciones sociales, el edil del Partido Nacional en Paysandú, Alejandro Colacce, propuso que el Estado contemple la exoneración del IVA para ONG que llevan adelante proyectos de construcción de viviendas sociales, especialmente aquellas que trabajan directamente con familias en situación de vulnerabilidad.

“Nosotros entendemos que debe estar contemplada la exoneración del IVA para este tipo de construcción y para este tipo de organizaciones”, expresó Colacce en declaraciones recientes, destacando la importancia de apoyar a instituciones que aportan soluciones habitacionales concretas.

Apoyo con responsabilidad: controles para evitar malos usos

El edil también fue claro en señalar que cualquier beneficio fiscal debe implementarse con mecanismos de control, para evitar que se preste a interpretaciones erróneas o posibles irregularidades.

“Habrá que ver cómo se implementa, porque si no muchas veces queda a la libre interpretación y alguno podría decir que esto se presta para otra cosa. Evitando eso, siempre hay mecanismos que se pueden racionalizar y hacer bien”, afirmó.

Colacce planteó que una alternativa posible sería que la exoneración se aplique a través de las empresas constructoras, de forma tal que una vez cumplido el trabajo, se pueda hacer efectiva la devolución o exoneración del IVA desde el Estado. Esto, según el edil, garantizaría un circuito transparente y eficiente para canalizar los beneficios fiscales.

Medidas complementarias desde lo local

Más allá del plano nacional, Colacce sugirió que también se podrían establecer incentivos y exoneraciones a nivel departamental, como forma de reforzar la viabilidad de estos proyectos solidarios.

“Todo aquel aliciente que pueda disminuir el costo de estas obras es bienvenido. Por ejemplo, en el caso de dos casas que se están construyendo, las familias solo tenían un terreno, un solar con un ranchito. Se podría estudiar exonerarlas de la contribución inmobiliaria por un tiempo, como una forma de apoyar a esos núcleos familiares que están empezando de nuevo”, comentó.

El edil destacó que pequeñas acciones desde lo local pueden tener gran impacto en la contención y estabilidad de las familias beneficiarias, facilitando su proceso de integración y mejorando sus condiciones de vida.

Reducción de cargas para empleos sociales

Otro de los puntos planteados por Colacce fue la necesidad de considerar la carga laboral y patronal que implican estos proyectos, especialmente cuando se contrata personal eventual para el traslado de materiales o armado de módulos habitacionales.“Estamos hablando de trabajo por hora, esfuerzo físico, logística. Todo eso tiene costos que muchas veces son asumidos por las organizaciones. Sería positivo que se estudie la posibilidad de reducir las cargas patronales en esos casos, para ayudar a que los proyectos no se detengan y puedan llegar a más familias”, señaló.

El edil enfatizó que estas propuestas no apuntan a eximir de responsabilidades, sino a respaldar de manera concreta a quienes hacen un aporte real en territorio, muchas veces con recursos limitados y gran compromiso social.

Un llamado al compromiso nacional

Colacce cerró su planteo reiterando la necesidad de que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales trabajen de forma articulada para brindar herramientas fiscales y operativas a las organizaciones que promueven el acceso a la vivienda.

“Queremos que haya una buena disposición por parte del gobierno, tanto nacional como departamental, para generar herramientas que faciliten y valoren el trabajo de estas ONG. Hay mucho esfuerzo detrás de cada módulo, de cada casa que se levanta. El Estado tiene que estar ahí, facilitando, no trabando”, concluyó.

La propuesta del edil se suma a una serie de iniciativas que buscan impulsar el desarrollo habitacional desde una perspectiva comunitaria, donde la colaboración entre el Estado, las organizaciones sociales y los vecinos se vuelve clave para enfrentar el déficit habitacional con soluciones reales y sostenibles.