Legisladores del Partido Nacional debaten proyecto de ley sobre ingreso de funcionarios departamentales

En la noche de ayer martes, se llevó a cabo una conferencia en la capital del país donde legisladores del Partido Nacional presentaron sus posturas respecto a un proyecto de ley que busca regular el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales. El diputado Fermín Farinha fue uno de los principales oradores y expresó diversos reparos sobre la iniciativa, a pesar de que su bancada acompañó el proyecto en términos generales.

Durante la instancia, Farinha comenzó haciendo referencia a otras actividades legislativas recientes, como la participación de legisladores en la comisión especial vinculada al debate sobre la Caja de Profesionales. Sin embargo, rápidamente centró su discurso en el proyecto de ley sobre el acceso a cargos públicos departamentales, un tema que —según afirmó— ha dominado tanto el debate legislativo como la atención mediática.

El proyecto, debatido por más de ocho horas, fue respaldado en términos generales por la bancada del Partido Nacional. Farinha justificó este respaldo como una señal necesaria hacia la ciudadanía en cuanto a la importancia de regular los ingresos a la función pública. “Entendemos que hay que dar una señal también a la ciudadanía”, afirmó.

No obstante, el legislador subrayó que el tratamiento del proyecto presentó varias falencias desde el punto de vista del proceso legislativo. Señaló que no se cumplieron con las etapas adecuadas y que hubo irregularidades en los procedimientos de la comisión. “No se cumplieron con las etapas necesarias, hubo irregularidades en el procedimiento y no se respetó el reglamento en comisión”, remarcó.

Uno de los principales cuestionamientos de Farinha fue la falta de consenso y de un tratamiento inclusivo del proyecto. Criticó que no se haya convocado al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles ni a la Federación Nacional de Funcionarios Municipales para aportar al debate. “Es llamativo que actores tan relevantes no hayan sido convocados. Eso hubiera sido fundamental para enriquecer la propuesta”, sostuvo.

Además, el legislador expresó su preocupación por el momento elegido para presentar el proyecto, a tan solo cuatro días de una elección departamental. A su juicio, esto sugiere una intención electoralista detrás de una norma que debería abordarse con mayor seriedad y profundidad. “Lamentablemente, se pretendió presentar el proyecto en un contexto electoral, lo cual deja un sabor amargo”, expresó.

Farinha también criticó la calidad jurídica del texto, calificando la redacción como “muy pobre” y alertando sobre posibles problemas de inconstitucionalidad en varios de los artículos. Debido a estas deficiencias, el legislador explicó que, si bien acompañaron el proyecto en general, no pudieron votar favorablemente los artículos en particular. “¿Para qué avanzar en un camino que luego nos puede traer perjuicios? La labor legislativa debe hacerse con luces largas, y en este caso no fue así”, indicó.

A pesar de las críticas, Farinha expresó su confianza en que el Senado pueda mejorar el texto legal aprobado por Diputados. Señaló que espera un trabajo más técnico y colaborativo en la Cámara Alta, que logre una versión más sólida y constitucionalmente adecuada de la ley.

El proyecto de ley en cuestión busca establecer criterios más claros y transparentes para el ingreso de funcionarios y contratados a las administraciones departamentales, en línea con los principios establecidos en la Constitución. Si bien existe consenso en cuanto a la necesidad de regular este aspecto, las diferencias entre partidos —y dentro de los mismos bloques— se manifiestan en los detalles técnicos y el proceso legislativo adoptado.

Con la aprobación en general ya consumada, el debate se trasladará ahora al Senado, donde se espera que el proyecto sea revisado y eventualmente modificado para corregir los aspectos más controvertidos. Mientras tanto, los legisladores del Partido Nacional reiteran su compromiso con la transparencia en la función pública, pero también con la rigurosidad institucional que, según afirman, no se cumplió en esta instancia.