Jean Pierre DutraEn una reciente visita a Paysandú, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, abordó el problema de las viviendas vacías en Uruguay, haciendo especial hincapié en la situación del departamento. Andrade destacó que a nivel nacional existen más de 300.000 viviendas vacías, de las cuales más de 100.000 no tienen justificación para permanecer en esa condición.
En Paysandú, según explicó el legislador, se registran 8.255 viviendas deshabitadas. De ese total, aproximadamente el 60% tiene un fundamento legítimo: están a la venta, en alquiler, en construcción o son propiedades de uso secundario. Sin embargo, el 40% restante, que representa más de 3.000 viviendas, permanece vacío sin motivo claro, en estado de degradación o bajo procesos especulativos.
Andrade remarcó que esta situación es inaceptable a nivel internacional, donde existen múltiples políticas públicas que buscan evitar que inmuebles queden desocupados y deteriorados de forma permanente. En Uruguay, explicó, sí existen leyes que permitirían actuar, pero lamentablemente no se utilizan de manera eficaz.
El senador recordó que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobada en 2008, establece mecanismos legales para intervenir sobre propiedades degradadas. Por ejemplo, permite la ejecución pública de viviendas que permanezcan en abandono durante más de diez años. Asimismo, establece beneficios para familias de bajos recursos, como la reducción de los plazos de prescripción adquisitiva de 30 a 5 años y el derecho de preferencia para las intendencias sobre propiedades estratégicas antes de que sean vendidas.
Según Andrade, las intendencias podrían comprar inmuebles importantes para la instalación de cooperativas de vivienda, centros culturales o infraestructuras deportivas, aplicando este derecho de preferencia. Sin embargo, denunció que no existe una política articulada que impulse la aplicación de estos mecanismos.
El legislador también hizo referencia a la figura del “derecho de superficie”, prevista en la legislación, que permite otorgar a las familias el uso de una vivienda sin transferir la propiedad plena, evitando así fenómenos como la venta especulativa de inmuebles públicos.
Recordó además que en 2012 se presentó un proyecto de ley que proponía la expropiación de viviendas vacías y degradadas que incumplieran con su función social. No obstante, el proyecto no prosperó por dudas sobre su constitucionalidad. Fue recién en 2018 cuando se aprobó una norma que habilita acciones legales más directas: notificar al propietario, otorgarle un plazo para actuar, iniciar un juicio si no responde, y en última instancia rematar la propiedad si permanece vacía y degradada.
Sin embargo, a pesar de que esta normativa fue reglamentada en 2019, Andrade lamentó que no se haya utilizado durante el último período de gobierno. Para el senador, esta falta de ejecución evidencia una inercia institucional que perpetúa la existencia de viviendas vacías, en detrimento de la función social que deberían cumplir.
Finalmente, Andrade insistió en que Uruguay debe adoptar una postura más activa en el uso de las herramientas legales ya existentes para garantizar que las viviendas cumplan su rol en beneficio de la sociedad y evitar que sigan siendo objeto de especulación o abandono.
