Paola RubboLa situación en el Refugio Santa Elena de Paysandú genera creciente preocupación entre sus trabajadores, quienes alertan sobre un escenario cada vez más complejo marcado por el aumento de la demanda, la falta de recursos y dificultades en la gestión que impactan directamente en la atención de las personas más vulnerables.
En entrevista, los funcionarios Osvaldo Rameaux y Zelmar García explicaron que el incremento de cupos responde principalmente a factores climáticos y sociales que han elevado la cantidad de personas que necesitan asistencia. Actualmente, el refugio maneja un cupo cercano a las 58 personas, aunque esa cifra es variable debido a la modalidad de funcionamiento del dispositivo, que es de 24 horas.
Sin embargo, el problema de fondo es que la demanda supera ampliamente la capacidad disponible. “Siempre está quedando gente afuera, cada vez hay más personas que buscan ingresar”, señalaron, reflejando una realidad que se repite a diario.
Esta situación coloca a los trabajadores en una posición difícil, ya que deben tomar decisiones complejas sobre quién puede ingresar y quién no. “Es una responsabilidad muy grande, no es fácil estar en la puerta de una institución y tener que decidir quién entra y quién queda afuera”, expresaron.
El aumento de usuarios no ha sido acompañado por un crecimiento en los recursos necesarios para sostener el servicio. En ese sentido, los funcionarios advirtieron que los insumos son cada vez más escasos. “Al haber más personas, los recursos se reducen y eso afecta directamente el funcionamiento del refugio”, indicaron.
A esta problemática se suma una situación administrativa que complica aún más el panorama: atrasos en los pagos tanto a trabajadores como a proveedores. Según explicaron, en los últimos meses no se han realizado pagos en fecha, lo que genera dificultades para garantizar el abastecimiento básico.
“Hace dos meses que no se paga a proveedores, y eso repercute directamente en los insumos necesarios para el funcionamiento diario”, afirmaron.
El refugio es gestionado por la institución CLAEH, pero el servicio depende del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), lo que ha generado una serie de tensiones entre ambas partes. Desde el lado de la organización, se señala que los pagos por parte del MIDES llegan con retraso, mientras que desde el ministerio se argumenta que existen demoras en la rendición de cuentas por parte de las organizaciones.
Esta situación de “ida y vuelta” administrativo termina afectando el funcionamiento del refugio y, en definitiva, a las personas que dependen de este servicio.
Otro de los puntos críticos señalados por los trabajadores es el deterioro de las condiciones edilicias, producto del aumento de la capacidad. El refugio, que originalmente estaba pensado para unas 30 personas, llegó a albergar hasta 89 durante el plan invierno y de emergencia, lo que ha generado un desgaste importante en la infraestructura.
“Una cosa es sostener un refugio para 30 personas y otra muy distinta es hacerlo para casi el triple. Los baños, los servicios y los espacios se ven claramente afectados”, explicaron.
El crecimiento de la demanda, sin una adecuación en la infraestructura ni en los recursos, ha generado un escenario que los trabajadores consideran insostenible a largo plazo.
Pese a las dificultades, destacaron el compromiso del equipo que trabaja en el lugar, que día a día enfrenta estas situaciones con responsabilidad y vocación. No obstante, entienden que es necesario que se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones de funcionamiento.
La realidad del Refugio Santa Elena refleja una problemática más amplia vinculada al aumento de la vulnerabilidad social en el departamento. Cada vez más personas requieren asistencia, mientras que los dispositivos existentes enfrentan limitaciones para dar respuesta.
En este contexto, los trabajadores insisten en la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones involucradas, así como de un refuerzo en los recursos económicos y humanos.
“Así como viene la situación, se va a seguir deteriorando si no hay respuestas”, concluyeron, dejando en evidencia la urgencia de atender una problemática que impacta directamente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
