Diputados dio media sanción a un proyecto para proteger vidas en ríos, arroyos y piscinas

El diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú defendió en la Cámara de Representantes el proyecto vinculado a la seguridad acuática y la prevención de ahogamientos, que recibió media sanción y ahora deberá continuar su trámite parlamentario.

El legislador, quien ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Salud Pública, sostuvo que la iniciativa es necesaria y debe ser asumida como una prioridad sanitaria por parte del Estado.

Durante su intervención, Gorosterrazú presentó cifras que reflejan la gravedad del problema. Señaló que entre 2019 y 2023 fallecieron 189 uruguayos y uruguayas por ahogamiento y que aproximadamente un tercio de las víctimas tenía menos de 19 años.

“Esto marca que debe ser una prioridad del Estado, una prioridad sanitaria”, afirmó.

También indicó que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 murieron 21 personas en este tipo de episodios.

Para el legislador, las estadísticas permiten dimensionar la problemática, pero detrás de cada cifra existen historias familiares atravesadas por pérdidas que, en muchos casos, podrían haberse evitado.

“Esas estadísticas no son solamente números. Ahí hay niños, niñas y adolescentes que no volvieron a su casa”, expresó.

Gorosterrazú señaló que el ahogamiento es la primera causa de muerte entre niños de uno a cuatro años y la segunda entre niños y adolescentes de cinco a 15 años.

Además de las vidas perdidas, remarcó que quienes sobreviven pueden quedar con secuelas severas y permanentes.

“No solo hablamos de perder vidas, sino también de las consecuencias y las secuelas que quedan en los niños, las niñas y las personas que sufren estas situaciones”, agregó.

El diputado recordó que Uruguay es un país estrechamente vinculado al agua. Sus costas, ríos, arroyos, lagunas y demás espacios naturales representan una riqueza, pero también exigen políticas sostenidas de prevención.

“Nuestro país está rodeado de agua. Ese valor y esa riqueza natural constituyen un enorme patrimonio, pero a la vez una enorme responsabilidad”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de ampliar la mirada sobre los lugares donde se producen los ahogamientos.

Gorosterrazú afirmó que muchas veces el debate público se concentra en las playas oceánicas, aunque la evidencia muestra que gran parte de los casos ocurre en el interior del país.

Ríos, arroyos, tajamares, canteras, lagunas y piscinas con poca profundidad aparecen entre los escenarios donde también se registran accidentes graves.

“La mayoría de los ahogamientos se da en ríos, arroyos, tajamares, canteras, algunas lagunas del interior o incluso piscinas con poca agua”, explicó.

Esta realidad tiene especial importancia para departamentos como Paysandú, donde buena parte de la vida recreativa, deportiva y turística está ligada al río Uruguay, cursos de agua y espacios rurales.

El proyecto propone avanzar hacia un cambio de paradigma que coloque el derecho a la vida y la prevención en el centro de las políticas públicas.

Entre sus objetivos se encuentra la creación de mesas interinstitucionales de seguridad acuática en cada departamento.

Estas instancias, conocidas por la sigla MISA, permitirían coordinar el trabajo de organismos públicos, instituciones educativas, gobiernos departamentales, organizaciones sociales y actores vinculados a la seguridad y la salud.

Gorosterrazú destacó que la propuesta debe alcanzar a todo el territorio nacional y no quedar limitada a las zonas costeras más conocidas.

“Tenemos que pensar un cambio de paradigma desde el derecho a la vida y la prevención, que pueda realizarse en cada uno de los departamentos del interior”, afirmó.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud Pública antes de llegar al plenario de la Cámara de Representantes.

El legislador consideró que ese respaldo refleja la necesidad, oportunidad e impacto que podría tener la nueva normativa en la protección de la población.

La media sanción representa un primer avance, aunque el desafío será transformar la ley en acciones concretas de educación, coordinación, señalización, capacitación y prevención.

Para Gorosterrazú, reducir los ahogamientos requiere una política nacional que atienda las diferentes realidades del país y que comprenda que el riesgo no está únicamente en el mar.

El objetivo final es evitar nuevas muertes y generar conciencia antes de que ocurra una tragedia.