Laura Pereyra
El lanzamiento del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata fue recibido con buenos ojos por veterinarios y actores del sector agropecuario, quienes coincidieron en que la estrategia marca un camino correcto frente a una amenaza que genera pérdidas anuales estimadas en 95 millones de dólares. Sin embargo, también se alzaron voces que advierten sobre la necesidad urgente de asegurar recursos, continuidad y compromiso colectivo para que el plan tenga verdadero impacto.
La presentación tuvo lugar en la Torre Ejecutiva y fue encabezada por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, quien definió al programa como una “prioridad de Estado” y un plan de shock, con énfasis en el uso de la hemovacuna, fiscalización del movimiento ganadero y presencia de agentes sanitarios en todo el país. “Esto no lo resuelve un ministro ni un gobierno, pero somos la llave de arranque. No es un gasto, es una inversión”, señaló Fratti, destacando la importancia sanitaria y económica del desafío.
El Dr. Santiago Bordaberry, consultado por Rurales El País de Montevideo, valoró el enfoque multidisciplinario del plan pero insistió en que no se logrará nada sin un esfuerzo sostenido y colectivo: “No hay otra manera de encarar este problema tan grave si no es con la participación de todos: servicios oficiales, veterinarios, laboratorios, investigación y productores”. Según Bordaberry, el mayor riesgo es que el plan no logre trascender los períodos de gobierno: “Debe ser una política de largo plazo, con buena comunicación y educación continua”.
Por su parte, el Dr. Rafael Carriquiry, del Instituto Plan Agropecuario, destacó la inclusión de diversas instituciones, aunque señaló que sectores como la industria frigorífica y los consignatarios deben involucrarse más activamente. También fue crítico respecto a los recursos disponibles: “Hay una paradoja cuando se dice que es prioridad de gobierno, pero no hay dinero. Las ideas son muy buenas, pero si no se asignan recursos humanos y financieros, pueden quedar en el papel”.
El plan contempla seis objetivos centrales, según detalló el coordinador técnico Carlos Fuellis: desde la actualización del diagnóstico hasta la erradicación en zonas libres, pasando por control en zonas endémicas, uso de hemovacuna, rotación de productos para evitar resistencia y un sistema de farmacovigilancia que garantice inocuidad en la carne.
El director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, subrayó que la estrategia fue construida de forma participativa y remarcó la importancia de incorporar el enfoque de género, reconociendo el rol clave de las mujeres rurales.
Las gremiales rurales también se expresaron. Rafael Ferber, presidente de la ARU, sostuvo que “la situación viene empeorando” y pidió controles oficiales más firmes. Desde la Federación Rural, Juan José Senattore celebró la inclusión de agentes sanitarios y recordó que hay normativas vigentes que no se aplican: “La Ley 18.268 es muy buena, pero nunca se llegó a implementar en serio”.
En definitiva, el plan despierta esperanza pero también escepticismo. Todos los testimonios coinciden en un punto: sin recursos sostenidos, sin fiscalización y sin compromiso real de toda la cadena, el desafío de controlar la garrapata seguirá siendo una deuda pendiente para el país.
