El diputado sanducero Fermín Farinha respaldó el reciente proyecto aprobado en el Parlamento, pero cuestionó la reducción del descuento del IMESI en los combustibles. Calificó la medida como “regresiva y contradictoria”, advirtiendo que perjudica a los departamentos de frontera y no contribuye a reducir las desigualdades con Argentina.
Actualidad06 de agosto de 2025
Jean Pierre DutraEl diputado del Partido Nacional por Paysandú, Fermín Farinha, expresó su respaldo al proyecto aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, el cual apunta a fortalecer políticas para la frontera. Sin embargo, advirtió que decisiones como la reciente reducción del descuento en el IMESI sobre los combustibles —que pasó del 40% al 32%— van en sentido contrario a los objetivos que se pretenden alcanzar.
Durante su intervención, Farinha calificó esa modificación como “regresiva, inoportuna y contradictoria”, señalando que afecta directamente a los departamentos del litoral, donde las asimetrías económicas con Argentina continúan impactando negativamente sobre el comercio, los servicios y el empleo.
“Es difícil de explicar que mientras se avanza en medidas para mejorar la situación en la frontera, al mismo tiempo se reduce un beneficio clave como es la rebaja del IMESI en los combustibles. No ayuda a reducir las desigualdades, ni a estabilizar la economía de las zonas limítrofes”, manifestó el legislador.
Farinha sostuvo que una política real de frontera debe contemplar las particularidades de regiones como el litoral oeste, donde sectores como la industria citrícola, láctea, frigorífica y la maltería enfrentan dificultades estructurales. “No es lo mismo producir o prestar servicios al norte del río Negro. Las condiciones de competitividad no están dadas, y decisiones como esta no hacen más que profundizar esa brecha”, advirtió.
En ese sentido, el diputado remarcó la necesidad de pensar a largo plazo, con acciones que permitan transformar la realidad del litoral y fomentar el desarrollo sostenible en la región. También destacó la importancia de generar empleo genuino mediante el apoyo a nuevos emprendimientos, inversiones y el fortalecimiento de los sectores productivos.
“Quienes representamos al departamento, más allá de la ideología o el partido, conocemos la realidad que vivimos y debemos impulsar medidas concretas que ayuden a revertir esta situación. Las políticas de frontera no pueden ser solo anuncios; deben ser herramientas efectivas para el desarrollo”, afirmó.
Por último, Farinha reiteró su compromiso de acompañar toda medida que esté orientada a restablecer beneficios eliminados recientemente y que apunte a reducir las inequidades sociales, laborales y económicas en Paysandú y en todo el litoral uruguayo.
Los trabajadores de Paycueros realizarán un paro de 24 horas y se movilizarán a Montevideo para reclamar medidas que protejan el empleo en la industria del cuero. Denuncian la exportación de materia prima sin procesar y advierten que más de 150 trabajadores están en seguro de paro, con riesgo de que la situación se agrave.
El diputado Juan Gorosterrazú destacó la aprobación de una nueva ley para zonas de frontera y advirtió sobre el fuerte impacto que tuvo la diferencia cambiaria con Argentina en el litoral. Señaló que pequeños comerciantes y emprendimientos locales fueron los más afectados, y respaldó la necesidad de medidas adaptadas a la realidad regional.
El diputado colorado por Paysandú, Walter Verri, respaldó la ley que busca mitigar la crisis comercial en zonas de frontera, pero cuestionó duramente la reciente reducción del IMESI en los departamentos limítrofes con Argentina, advirtiendo sobre sus consecuencias económicas.
El diputado colorado por Paysandú valoró el proyecto aprobado para mitigar la crisis en zonas limítrofes con Brasil, aunque advirtió sobre medidas que afectan negativamente a departamentos como Paysandú, Salto y Río Negro.
El gobierno redujo del 40% al 32% el descuento del IMESI en la venta de nafta en zonas fronterizas con Argentina. La medida, que implica un aumento de más de $6 por litro, generó sorpresa y preocupación en empresarios y autoridades locales por su posible impacto en el consumo y la economía regional.
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