El gasto público se disparó en 2024, marcando el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años. La próxima discusión presupuestal deberá enfrentar una economía estancada, aumento de la pobreza e informalidades heredadas.
Actualidad16 de julio de 2025
Jean Pierre DutraEl próximo mes ingresará al Parlamento el nuevo Presupuesto Nacional, y lo hará en un contexto fiscal complejo y con varios desafíos sociales y económicos por delante. Uno de los datos que más preocupa es que el año 2024 cerró con el déficit fiscal más elevado de las últimas tres décadas, marcando una diferencia significativa respecto a años anteriores y contradiciendo las promesas de austeridad formuladas por el gobierno al inicio de su mandato.
La expansión del gasto público durante el año electoral no es un fenómeno nuevo en Uruguay, pero esta vez alcanzó niveles históricos. Según los datos relevados, en 2024 se registró un aumento inusitado de gastos comprometidos no reflejados inicialmente en las cuentas del déficit, lo que generó un desfasaje importante entre lo ejecutado y lo registrado.
Uno de los casos más notables fue el de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Proveedores de esta institución denunciaron demoras significativas en los pagos durante los primeros meses del año, especialmente en enero y febrero. Aunque los pagos no se interrumpieron por completo, sí se vieron afectados los plazos habituales, generando tensiones en la cadena de servicios.
También se destaca el caso del Ferrocarril Central, una obra emblemática que enfrentó reclamos millonarios por parte de la empresa ejecutora. El Estado recién acordó el pago correspondiente en este ejercicio fiscal, lo que añadió presión a unas cuentas públicas ya tensionadas.
Más allá de la situación fiscal, el país atraviesa un período de estancamiento económico que se extiende ya por casi una década. La falta de dinamismo ha impedido que el crecimiento del empleo y la recaudación acompañen las necesidades sociales crecientes.
En este contexto, uno de los datos más preocupantes es el aumento de la pobreza infantil, que se ha convertido en una de las prioridades señaladas por el Poder Ejecutivo para el próximo presupuesto. Las cifras oficiales indican que la pobreza general aumentó en el último quinquenio, y que se registró un repunte en los niveles de indigencia, algo que no ocurría desde hace años.
Con la implementación de un nuevo indicador de pobreza e indigencia, se pudo constatar que la indigencia pasó de un 1% a un 1,9%, revelando una realidad más dura que la previamente registrada.
Frente a este panorama, el Parlamento se prepara para una discusión presupuestal intensa, donde los actores políticos deberán balancear las demandas sociales con las restricciones fiscales. La administración buscará priorizar áreas clave como la infancia, el empleo y la atención en salud, pero también deberá rendir cuentas sobre la ejecución del gasto en un año electoral atípico, que dejó marcas profundas en las finanzas públicas.
Además, la discusión coincidirá con procesos abiertos de Consejos de Salarios, lo que podría implicar presiones adicionales sobre los recursos disponibles, en especial si se intenta recomponer salarios que han perdido poder adquisitivo en los últimos años.
Para muchos analistas, el presupuesto que se avecina es una oportunidad para reordenar prioridades y comenzar a corregir los desajustes que dejó el ciclo electoral. Sin embargo, lograrlo requerirá acuerdos amplios y una mirada realista sobre lo que el Estado puede y debe hacer en el corto y mediano plazo.
La situación social, marcada por una mayor vulnerabilidad en los sectores más frágiles de la población, sumada a los compromisos fiscales heredados, hacen de este presupuesto uno de los más desafiantes de los últimos años.
Será el Parlamento el escenario donde se definirá no solo cómo se gastará el dinero público en los próximos años, sino también qué tipo de Estado y de prioridades asumirá el país frente a una coyuntura cada vez más exigente.
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