Jean Pierre DutraEl intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, respondió con firmeza al planteo realizado por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien pidió a las intendencias que compren cemento ANCAP para sus obras. El tema abrió una nueva discusión política e institucional, con impacto directo en Paysandú, donde la planta cementera estatal forma parte de la historia productiva del departamento.
Olivera, que además preside el Congreso Nacional de Intendentes, marcó dos planos bien diferentes en la discusión. Por un lado, dejó abierta la posibilidad de que las comunas adquieran cemento ANCAP si la empresa estatal logra competir en precio. Por otro, rechazó el tono de la ministra al vincular el planteo con las transferencias económicas que el gobierno nacional realiza a los gobiernos departamentales.
“Entendemos que si la ministra y ANCAP se ponen a tiro con los precios, no va a haber inconveniente para que el resto de las intendencias pueda comprar”, señaló Olivera.
Esa, dijo, es una parte del asunto. La otra, según explicó, tiene que ver con una interpretación que consideró “fuera de tono” y “fuera de lugar”. Para el intendente, la discusión sobre las transferencias no corresponde a la ministra de Industria, sino que ya fue abordada entre el presidente de la República y el Congreso Nacional de Intendentes.
Olivera recordó que, durante esa negociación, los gobiernos departamentales plantearon claramente por qué reciben recursos del gobierno nacional. Según sostuvo, las intendencias asumen diariamente responsabilidades que muchas veces exceden sus competencias tradicionales.
“Nos hacemos cargo de la salud, nos hacemos cargo de temas educativos, nos hacemos cargo de temas de seguridad, nos hacemos cargo de un montón de cosas”, expresó.
En ese punto, el jefe comunal sanducero fue todavía más directo. Afirmó que las intendencias no pueden ser colocadas ahora como responsables indirectas de los problemas económicos de ANCAP.
“Ahora parece que quieren que nos hagamos cargo del déficit de ANCAP también. No somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo del déficit de ANCAP”, remarcó.
El planteo de Olivera apunta a separar dos discusiones: la defensa de la industria nacional y el funcionamiento económico de una empresa pública. Para el intendente, si ANCAP quiere vender cemento a las intendencias, debe hacerlo en condiciones competitivas, sin trasladar obligaciones políticas ni financieras a los gobiernos departamentales.
También cuestionó que se le pida a las intendencias una conducta que, según dijo, otros organismos del propio gobierno nacional no aplican. Mencionó como ejemplo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al señalar que en las obras de rutas de hormigón no se exige en los pliegos el uso exclusivo de cemento ANCAP.
“Cuando vemos las rutas de hormigón que se hacen en Uruguay, el Ministerio de Transporte no pone en sus pliegos que se consuma exclusivamente cemento ANCAP”, afirmó.
Para Olivera, antes de reclamar a las intendencias, el gobierno debería revisar qué hacen sus propios ministerios cuando licitan obras. “Hay mucha tela para cortar antes de venir a tocar el timbre”, lanzó, en una frase que resume el tono de su respuesta.
De todos modos, el intendente no cerró la puerta al diálogo. Aseguró que, si la ministra plantea formalmente una instancia de intercambio, será recibida por el Congreso Nacional de Intendentes. Allí, dijo, se podrán explorar caminos posibles, aunque aclaró que no aceptará que se mezcle el pedido de compra de cemento con la negociación de las transferencias.
“Igualmente nosotros nos quedamos el bulto, la iremos a recibir y le iremos a decir que hay cosas que está bueno explorar y avanzar”, señaló.
Pero insistió en que Cardona no es quien debe marcarles a las intendencias los términos del vínculo económico con el Poder Ejecutivo.
“No es ella la que tiene que hacernos recordar cuáles fueron los términos de negociación con el gobierno”, sostuvo.
El cruce deja planteada una discusión de fondo: cómo sostener la producción de cemento ANCAP, qué rol deben jugar las intendencias en esa estrategia y hasta dónde pueden exigirse compromisos de compra a los gobiernos departamentales.
En Paysandú, donde la actividad industrial y el futuro de la planta cementera son temas sensibles, la respuesta de Olivera suma un nuevo capítulo a una discusión que seguramente seguirá teniendo repercusiones políticas.
