Esteban OberttiLa implementación de la Ley de Eutanasia en Uruguay avanza con definiciones claras respecto a uno de los puntos más sensibles del sistema: la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. En conferencia de prensa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue enfática al señalar que, más allá de las decisiones individuales de los médicos, el sistema deberá garantizar el acceso al procedimiento en todos los casos.
“Los prestadores, en cumplimiento de lo que dispone la ley, están obligados a asegurar la realización del procedimiento”, afirmó la ministra, dejando en claro que la responsabilidad final recae sobre las instituciones de salud que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud.
En ese sentido, explicó que si un prestador cuenta con médicos que se declaren objetores de conciencia o incluso si su normativa interna presenta incompatibilidades con la práctica de la eutanasia, igualmente deberá buscar alternativas para cumplir con la ley. Esto puede implicar la contratación de servicios externos o la coordinación con otros prestadores.
“Si un prestador tuviera todos sus médicos objetores o disposiciones incompatibles, deberá contratar el procedimiento en otro prestador o buscar otra forma, pero deberá cumplir con esta obligación”, subrayó.
La ministra también confirmó que la eutanasia será incorporada al Programa Integral de Atención en Salud (PIAS), lo que implica que pasará a formar parte del conjunto de prestaciones que las instituciones están obligadas a brindar a sus usuarios. Este punto refuerza el carácter de derecho que adquiere el acceso a este procedimiento dentro del sistema sanitario.
En cuanto a los profesionales, Lustemberg fue clara al remarcar que se respeta plenamente la libertad individual. “Los médicos tienen la plena libertad para decidir participar o no en el procedimiento”, indicó. Aquellos que opten por no intervenir podrán declararse objetores de conciencia sin que esto implique sanciones.
Sin embargo, esta libertad individual no puede obstaculizar el acceso del paciente. Por ello, la normativa establece que cada prestador deberá contar con una nómina de profesionales no objetores, capaces de llevar adelante el procedimiento cuando sea solicitado.
“El prestador debe asegurarse de tener los profesionales necesarios para brindar la prestación”, explicó la jerarca, destacando que se trata de una obligación institucional y no individual.
Otro de los aspectos clave anunciados fue la elaboración de un protocolo de actuación por parte del Ministerio de Salud Pública. Este documento establecerá de manera detallada cada una de las etapas del პროცედimiento, brindando un marco claro para los equipos de salud.
“El protocolo ya fue elaborado y será aprobado mediante una ordenanza ministerial”, adelantó Lustemberg, quien además señaló que su aplicación será obligatoria para todos los profesionales involucrados a partir de su entrada en vigencia.
Este protocolo incluirá el paso a paso desde la solicitud inicial del paciente hasta la eventual realización de la eutanasia, asegurando que todas las instancias se desarrollen con garantías, վերահսկos y transparencia.
La implementación de este sistema busca equilibrar dos principios fundamentales: el respeto por la autonomía del paciente y la libertad de conciencia de los profesionales de la salud. En ese marco, el rol del Estado es garantizar que ninguno de estos derechos anule al otro.
Con estas definiciones, Uruguay consolida un modelo que apunta a asegurar el acceso efectivo a la eutanasia dentro de un marco regulado, donde las instituciones tienen la responsabilidad de responder, incluso ante objeciones individuales.
“La prioridad es garantizar el derecho de las personas con todas las garantías necesarias”, concluyó la ministra.
De esta manera, el país avanza en la aplicación de una normativa que no solo establece condiciones para acceder a la eutanasia, sino que también define con precisión las responsabilidades del sistema de salud para hacerla efectiva.
