Esteban Obertti
La preocupación por el futuro de la planta de portland de Ancap en Paysandú volvió a instalarse con fuerza en la Junta Departamental, tras la exposición de representantes sindicales que advirtieron sobre un escenario crítico en caso de avanzar el plan de reestructura impulsado por el gobierno. Eduardo Zabala, en representación de la Federación Ancap (Fancap), y Paulo García, por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), coincidieron en señalar que las medidas proyectadas implican, en los hechos, un “plan de cierre” que tendría consecuencias directas sobre el empleo y la economía local.
Durante su intervención, Zabala fue enfático al señalar que el proceso en curso “va a generar un impacto tremendamente negativo para la ciudad”, al tiempo que cuestionó que no se estén considerando antecedentes como los pronunciamientos populares y el peso histórico de la industria en el departamento. Según explicó, el eventual achique de la planta comprometería en el corto y mediano plazo alrededor de 190 puestos de trabajo, una cifra que, de concretarse, tendría un efecto multiplicador en toda la cadena económica vinculada a la actividad.
Los representantes sindicales subrayaron que la afectación no se limitaría únicamente a los trabajadores directos, sino también a proveedores, servicios asociados y familias que dependen de la operativa de la planta. En ese sentido, insistieron en que el impacto social sería profundo y difícil de revertir, en un contexto donde Paysandú ya enfrenta dificultades en materia de empleo.
Uno de los puntos más cuestionados fue la dinámica de las instancias de diálogo con Ancap. Zabala afirmó que, pese a las reuniones mantenidas desde diciembre, no existió una verdadera negociación. “Se nos comunicó que no iban a negociar, sino simplemente a informar lo que iban a hacer”, sostuvo, marcando una fuerte crítica a la postura del ente. Esta situación, según indicaron, limita las posibilidades de למצוא alternativas que permitan sostener la actividad productiva y preservar los puestos de trabajo.
Por su parte, Paulo García explicó que recientemente se generó un nuevo ámbito de intercambio que involucra al Ministerio de Trabajo, Ancap y los sindicatos, aunque advirtió que las respuestas siguen siendo insuficientes. Según relató, en estas instancias el ente manifestó no tener definiciones claras sobre cómo se abordarán las consecuencias sociales del plan una vez implementado, lo que genera aún más incertidumbre entre los trabajadores.
Ambos representantes coincidieron en que el proyecto afecta a toda la cadena productiva, desde la extracción de materia prima hasta la etapa final de embolsado, lo que pone en riesgo la continuidad integral de la unidad productiva en Paysandú. En este marco, reclamaron a la Junta Departamental una postura firme y clara para frenar el proceso y promover alternativas que aseguren la continuidad de la planta.
El planteo incluyó también la necesidad de que las autoridades nacionales reconsideren la estrategia y evalúen el impacto real de las decisiones en el territorio. Para los sindicatos, el cierre o reducción de operaciones no solo implica una pérdida económica, sino también un golpe a la identidad productiva del departamento.
Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a la responsabilidad política y social para evitar lo que consideran una “debacle” anunciada. Insistieron en que aún hay margen para buscar soluciones que contemplen tanto la viabilidad económica como la protección del empleo, y reiteraron su disposición al diálogo, siempre que exista una verdadera voluntad de negociación.
La situación continúa en desarrollo, mientras crece la expectativa por las definiciones que puedan surgir en los próximos días y el rol que asumirán tanto el gobierno como los actores políticos departamentales frente a un tema que genera alta sensibilidad en la comunidad sanducera.
