Esteban OberttiLa atención a personas en situación de calle en Paysandú generó un fuerte intercambio entre el diputado del Partido Nacional Fermín Farinha y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, durante la comparecencia de la cartera ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
Farinha cuestionó que el Mides haya recurrido a una vivienda propiedad de su directora departamental para ampliar las plazas disponibles durante la emergencia invernal.
Para el legislador, la situación refleja falta de planificación y diferencias entre los recursos destinados a Montevideo y los disponibles en el interior del país.
“La política en materia de situación de calle en Paysandú termina siendo subsidiaria de lo que uno puede percibir aquí en Montevideo”, afirmó.
El diputado sostuvo que, mientras en la capital se presenta un sistema con equipos territoriales y seguimiento permanente, en Paysandú fue necesario improvisar una solución ante la falta de un local adecuado.
“Tan improvisada es la situación que se debió recurrir a un inmueble propiedad de la directora departamental para aumentar las plazas”, señaló.
Farinha remarcó que transcurrieron 219 días entre una emergencia y la siguiente sin que el Ministerio lograra conseguir un edificio propio o contratado para brindar la asistencia.
A su entender, ese tiempo debería haber sido suficiente para planificar una respuesta estable y evitar depender de una propiedad particular.
El legislador recordó además que el pasado 17 de junio falleció en Paysandú una persona que se encontraba en situación de calle.
Ese episodio, sostuvo, evidencia la necesidad de contar con una política departamental más sólida y con infraestructura preparada antes de la llegada de las bajas temperaturas.
El ministro Gonzalo Civila respondió que la prioridad del organismo fue ampliar rápidamente la capacidad de atención.
Explicó que se había instruido a todos los directores departamentales para que buscaran alternativas en caso de que no existieran locales disponibles mediante acuerdos con otros organismos del Estado o con organizaciones sociales.
“Dimos la instrucción de que, si no había locales disponibles por otra vía, lograran alojar a las personas”, indicó.
En Paysandú, la directora departamental ofreció una vivienda que no se encontraba ocupada.
Civila aclaró que el Ministerio no paga alquiler ni ningún otro tipo de compensación económica por el uso del inmueble.
“La directora puso una vivienda que no estaba en uso a disposición de manera absolutamente gratuita. No hay ningún tipo de pago”, aseguró.
El ministro añadió que la propia jerarca se hace cargo de los servicios de la propiedad utilizada para atender a personas en situación de calle.
Lejos de considerar la situación como una irregularidad, Civila afirmó que valora especialmente la disposición de la directora para colaborar ante una emergencia.
“Los servicios de esa vivienda los paga la propia directora y a nosotros nos enorgullece tener un equipo que, cuando las circunstancias lo exigen, está dispuesto a poner lo que sea para atender a la gente”, expresó.
El titular del Mides sostuvo que el primer deber del organismo es garantizar una respuesta a quienes atraviesan una situación crítica.
Aclaró, no obstante, que esa asistencia debe brindarse en condiciones adecuadas y que el Ministerio responderá las consultas planteadas sobre la habilitación del inmueble.
Farinha presentó un pedido de informe para conocer bajo qué condiciones funciona el local y qué requisitos fueron considerados para utilizarlo como espacio de atención.
“El pedido de informe subraya la necesidad de saber qué condiciones de habilitación tiene el local para realizar esa tarea”, explicó.
Civila confirmó que el Ministerio contestará la solicitud, del mismo modo que puede informar sobre las condiciones de cualquier otro local destinado a esta población.
“Lo vamos a responder, como podemos responder sobre las condiciones de habilitación de cualquiera de los locales que se utilizan”, afirmó.
El ministro insistió en que la situación de Paysandú está siendo atendida mediante distintos mecanismos y que la utilización de la vivienda permitió ampliar la capacidad disponible en un momento de necesidad.
Farinha, en cambio, considera que una respuesta de emergencia no sustituye una política estable ni justifica la falta de un inmueble conseguido por el propio Ministerio.
El debate dejó planteadas dos miradas diferentes.
Por un lado, el diputado cuestionó la planificación, la infraestructura y las condiciones administrativas del local. Por otro, Civila defendió una solución inmediata que, según explicó, no genera costos por concepto de alquiler para el Estado.
La discusión continuará cuando el Ministerio responda formalmente el pedido de informe presentado por el legislador.
Allí deberán detallarse las condiciones de habilitación de la vivienda, su capacidad y los mecanismos utilizados para garantizar la atención de las personas alojadas.
