Esteban OberttiCámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que reconoce los ahogamientos como un problema de salud pública y propone una estrategia nacional de prevención con participación de organismos nacionales, intendencias, guardavidas y comités departamentales de emergencia.
El diputado del Frente Amplio por Paysandú, Juan Gorosterrazú, destacó en Radio Paysandú la importancia de la iniciativa y expresó su expectativa de que el Senado le otorgue un tratamiento rápido para que pueda entrar en vigencia antes del próximo verano.
Según señaló, entre 2019 y 2023 fallecieron 189 personas por ahogamiento en Uruguay, con una incidencia especialmente preocupante entre niños y jóvenes.
“En Uruguay, entre 2019 y 2023, fallecieron 189 personas por ahogamiento, principalmente niños y jóvenes”, afirmó.
El legislador sostuvo que la propuesta representa un cambio en el enfoque, porque busca priorizar la prevención en lugar de actuar solamente después de que ocurre una emergencia.
“Esta ley tiene una gran trascendencia para la vida de la gente, porque apunta a generar trabajo preventivo más que una respuesta posterior”, explicó.
Gorosterrazú destacó el papel que tuvieron los guardavidas en la elaboración y promoción del proyecto.
También mencionó el trabajo de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que funciona en Montevideo, y planteó la necesidad de que ese modelo se extienda a todos los departamentos.
“Desde nuestra mirada del interior planteamos que esto tiene que funcionar en todo el país”, sostuvo.
Para el diputado, la prevención acuática no puede concentrarse solamente en la costa oceánica o en los principales balnearios.
Los riesgos están presentes en ríos, arroyos, tajamares, piscinas y otros cursos de agua que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias.
“Tenemos un país que lleva el nombre de un río. El agua es parte de nuestra historia, pero muchas veces no conocemos todos sus riesgos”, expresó.
El proyecto plantea la creación de una mesa interinstitucional de seguridad acuática y prevención de ahogamientos en cada departamento.
La conducción general estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, pero también participarán las intendencias, Prefectura, guardavidas y los comités departamentales de emergencia.
La intención es que cada territorio pueda elaborar planes adaptados a su realidad.
No todos los departamentos tienen los mismos cursos de agua, playas o zonas de riesgo. Por ese motivo, los protocolos deberán considerar las características locales y definir cómo actuar ante diferentes situaciones.
Gorosterrazú explicó que los Cecoed tendrán un papel importante en la elaboración de planes de contingencia y atención.
“Van a participar las intendencias, los guardavidas, Prefectura y los comités departamentales de emergencia”, indicó.
La propuesta también incluye acciones de señalización.
Uno de los objetivos será identificar sitios peligrosos y advertir a la población mediante cartelería clara y visible.
Esto puede incluir playas, zonas profundas, corrientes fuertes, tajamares, canteras inundadas o sectores donde se hayan registrado accidentes.
La educación será otro eje central.
Gorosterrazú adelantó que se buscará desarrollar programas en escuelas, centros educativos y espacios recreativos para que niños, jóvenes y adultos conozcan los riesgos y sepan cómo prevenir una emergencia.
“También tiene que haber un plan de educación en las escuelas y en las propias playas”, señaló.
El diputado remarcó que el agua es un patrimonio natural y cultural del país, pero sostuvo que disfrutarla exige información, prevención y responsabilidad.
Cuando ocurre un ahogamiento, las consecuencias suelen ser irreversibles y afectan profundamente a familias y comunidades.
“Cuando pasan estas cosas, son una tragedia”, expresó.
La iniciativa fue presentada por primera vez en 2018 y logró ahora la aprobación en la Cámara de Diputados.
Con la media sanción, el texto pasará al Senado.
Gorosterrazú espera que el trámite pueda completarse durante los próximos meses, de manera que las autoridades cuenten con herramientas antes del inicio de la temporada estival.
“Estamos en invierno y tenemos tiempo para llegar al verano. Esperemos que el Senado le dé un trámite rápido”, manifestó.
El legislador considera que el país ya dispone de experiencia técnica, guardavidas capacitados y organismos con presencia territorial.
El desafío será coordinar ese conocimiento y transformarlo en una política pública permanente.
La futura reglamentación deberá definir cómo funcionarán las mesas departamentales, qué responsabilidades tendrá cada organismo y de qué manera se aplicarán los planes educativos y de señalización.
En Paysandú, la ley podría tener una relevancia especial por la presencia del río Uruguay, playas, arroyos, piscinas, tajamares y espacios recreativos vinculados con el agua.
Para Gorosterrazú, la prevención debe llegar a todo el territorio y no depender únicamente de acciones aisladas durante el verano.
