
Gorosterrazú impulsa ley para reforzar especialistas y mejorar el acceso a la salud
Paola RubboEl diputado del Frente Amplio, Juan Gorosterrazú, destacó el intenso trabajo desarrollado en la Comisión de Salud durante el último año y adelantó que 2026 será clave para avanzar en una serie de proyectos que apuntan a mejorar el sistema sanitario en Uruguay. Entre las iniciativas más relevantes, subrayó la propuesta de crear un sistema de servicios médicos transitorios, orientado a fortalecer la presencia de especialistas en el ámbito público.
“El año pasado fue muy productivo, fue una de las comisiones donde más se avanzó, con más de 20 proyectos en estudio y recibiendo entre 40 y 50 delegaciones”, señaló el legislador, valorando el intercambio con distintos actores vinculados a la salud.
En ese marco, Gorosterrazú explicó que uno de los principales desafíos es abordar la falta de recursos humanos en áreas críticas del sistema. Para ello, se impulsa un proyecto de ley que propone que médicos especialistas, una vez recibidos, dediquen parte de su tiempo durante los primeros dos años de su carrera a trabajar en prestadores públicos de salud.
“Creemos que este proyecto es muy importante para resolver problemas estructurales, como las listas de espera y la accesibilidad a la atención”, indicó. La iniciativa no se limita únicamente a médicos, sino que también contempla la incorporación de otros profesionales de la salud, como fonoaudiólogos, radiólogos y técnicos especializados.
El diputado remarcó que el objetivo es acompañar el crecimiento de la infraestructura sanitaria en todo el país. En ese sentido, mencionó la instalación de nuevos tomógrafos en distintas ciudades, lo que implica la necesidad de contar con personal capacitado para operarlos. “No alcanza con la tecnología si no tenemos los recursos humanos adecuados”, afirmó.
El proyecto de servicios médicos transitorios plantea que esta dedicación sea remunerada, buscando generar incentivos para los profesionales sin que implique una carga gratuita. “La idea es poder contar con esos recursos humanos en momentos clave, fortaleciendo el sistema público sin perjudicar la carrera de los especialistas”, explicó.
Además de esta iniciativa, Gorosterrazú destacó otros proyectos que estarán en agenda durante el año. Entre ellos, mencionó el denominado “derecho al olvido oncológico”, que busca proteger a personas que han superado un cáncer para que, luego de un determinado período —estimado en cinco años—, esa condición no afecte su acceso a créditos, seguros, empleo o servicios de salud.
“Es un proyecto muy importante desde el punto de vista social, porque apunta a evitar la discriminación y facilitar la reinserción plena de las personas”, sostuvo.
La agenda legislativa en materia de salud también incluye propuestas vinculadas a la alimentación y enfermedades crónicas, como celiaquía y diabetes, así como el seguimiento de la ley de salud mental a través de una comisión bicameral. Según el diputado, estos temas requieren un abordaje integral y sostenido en el tiempo.
Otro de los puntos en los que se trabajará es la complementación de servicios entre prestadores de salud, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la cobertura en distintas regiones del país.
Gorosterrazú enfatizó que todos estos proyectos forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema sanitario, mejorar la calidad de atención y garantizar mayor equidad en el acceso a los servicios. “Hay una serie de iniciativas que apuntan a dar respuestas concretas a problemas que hoy existen”, afirmó.
En un contexto donde la demanda de atención médica continúa en aumento, el legislador consideró fundamental avanzar en soluciones estructurales que permitan sostener y mejorar el sistema. La propuesta de servicios médicos transitorios, en particular, se presenta como una herramienta innovadora para enfrentar uno de los principales desafíos: la falta de especialistas en el sector público.
Con una agenda cargada y múltiples proyectos en discusión, la Comisión de Salud se perfila como uno de los espacios clave del Parlamento en el tratamiento de políticas públicas que impactan directamente en la calidad de vida de la población.


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