El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, manifestó en Radio Paysandú su profunda preocupación por la incertidumbre que rodea el futuro de la Planta de Portland de Paysandú y anunció que presentará un pedido de informes al Ministerio de Industria y Energía para conocer con claridad cuál es el plan del gobierno.
“Es un tema capital para nuestro departamento y que el gobierno no plantee con transparencia este proceso nos genera muchas dudas”, expresó el legislador, quien señaló que existen versiones contradictorias entre lo que han manifestado autoridades nacionales y lo que se transmite desde otros ámbitos políticos.
Farinha indicó que hay una “diferencia abismal” entre lo expresado por la ministra y la presidenta de Ancap quienes han hablado del cierre y lo que sostienen otros representantes, como el diputado Gorosterrazú, además de lo que informan los propios trabajadores.
Según planteó, la propuesta sobre la mesa implicaría apagar el horno, dejar de producir clinker y trasladar al 50% de la plantilla a Minas, donde también existe déficit de personal. “Si a Paysandú la cierran, Paysandú no va a producir Portland”, afirmó.
El diputado advirtió que no está claro si ese eventual traslado será voluntario o imperativo. “¿Le van a decir a los funcionarios que a partir de marzo o abril van a tener que disponer su actividad en Minas?”, cuestionó.
Para Farinha, aunque se sostenga que no se perderán puestos de trabajo, el impacto para el departamento sería significativo. “Si se van 50 familias de Paysandú, es empleo que no se genera en Paysandú, que no derrama en Paysandú y que no impacta en Paysandú”, sostuvo.
También manifestó preocupación por los 75 trabajadores del sector extractivo, sobre quienes se ha mencionado que podrían pasar al seguro de desempleo a partir de abril. A eso se suma la situación de los servicios conexos. Según recordó, el propio sindicato expuso en la Junta Departamental que más de 1.000 puestos indirectos están vinculados al funcionamiento de la planta, ya sea en logística, transporte u otras actividades asociadas.
Farinha estimó que la reducción operativa sería de al menos un 80%, lo que en los hechos implicaría un cierre “testimonial”. “Que le pongan el nombre que le quieran poner, pero la planta la van a cerrar. Es lo que está en la hoja de ruta”, afirmó.
Sin embargo, lo que más preocupa al legislador es la ausencia de alternativas. “Lo que no vemos es un plan B”, remarcó. En ese sentido, mencionó la cercanía de la planta de ALUR, la central logística de combustibles vinculada al nuevo muelle sobre el río Uruguay, proyectos como el hidrógeno verde y la posibilidad de utilizar el horno para tratamiento e incineración de determinados residuos, como se realiza en otras plantas de Portland.
“Todo eso está sobre la mesa, porque en la Comisión de Industria del Parlamento se dijo que se vieron varias opciones, pero que se iba por esta”, señaló.
El pedido de informes buscará esclarecer cuál es la decisión definitiva, qué cronograma se maneja, cuál será el destino de los trabajadores y qué medidas se adoptarán para mitigar el impacto en el departamento.
“La incertidumbre es lo peor que puede pasar”, subrayó Farinha, quien insistió en la necesidad de brindar certezas a los trabajadores y a la comunidad sanducera en su conjunto.
La situación de la Planta de Portland se mantiene así en el centro del debate político y social en Paysandú, mientras se aguardan definiciones oficiales que permitan conocer con claridad el rumbo que tomará una industria considerada estratégica para la economía local.
