SUNCA reclama fiscalía especializada en siniestros laborales

Más controles a empresas: El gremio de la construcción advierte por casos graves y fatales y sostiene que “poner en riesgo a un trabajador también es delito”
Actualidad25 de febrero de 2026Esteban OberttiEsteban Obertti

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) volvió a plantear la necesidad de crear una fiscalía especializada en accidentes laborales, en el marco de los siniestros graves y fatales ocurridos en el sector durante el año. Así lo expresó en Radio Paysandú el presidente del sindicato, Richard Ferreira, quien insistió en que la normativa vigente debe aplicarse con mayor firmeza y coordinación institucional.

Ferreira recordó que esta propuesta ya había sido presentada durante la administración anterior, sobre la base de la experiencia acumulada tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en 2014, impulsada por el movimiento sindical. Según explicó, tras su entrada en vigencia se registró una baja en los índices de accidentabilidad.

“Luego de aprobada la ley, aumentaron los controles, se fortalecieron las políticas empresariales en materia de seguridad y se inició un proceso de descenso en los accidentes laborales. Eso fue un dato alentador y dejó por tierra el argumento de que era una ley innecesaria”, afirmó.

No obstante, el dirigente señaló que, a más de una década de su aprobación, el número de empresarios imputados o procesados es muy bajo. “Tenemos el dato de que no hay más de tres empresarios que hayan sido imputados o procesados en todo el país”, indicó.

En Paysandú, mencionó que recientemente se han dado actuaciones judiciales vinculadas a accidentes laborales. En uno de los casos, explicó, un empresario llegó a un acuerdo con la familia de la víctima, mientras que en otro la situación aún está pendiente de resolución judicial.

Para el SUNCA, el problema no radica únicamente en la actuación posterior a un accidente, sino en la prevención. Ferreira subrayó que la ley establece claramente que también constituye delito poner en riesgo a un trabajador, aun cuando no se haya producido un siniestro.

“Si un empresario da la orden de trabajar en altura y no brinda todos los elementos de seguridad, ya está cometiendo un delito. No es necesario que ocurra un accidente para que exista responsabilidad penal”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que actualmente la Fiscalía actúa principalmente cuando el accidente ya ocurrió, pero no existe un control sistemático sobre las situaciones de riesgo. Por ello, el sindicato plantea la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales, similar a las que existen para otros delitos específicos como narcotráfico, lavado de activos u homicidios.

“Consideramos que hay necesidad de una fiscalía especializada que pueda coordinar con distintas instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado, para desarrollar un trabajo más articulado, centrado en la prevención y en el cumplimiento efectivo de la ley”, explicó Ferreira.

El dirigente remarcó que el objetivo no es meramente sancionatorio, sino preventivo. A su entender, la especialización permitiría investigar con mayor profundidad las responsabilidades empresariales, agilizar los procesos y enviar una señal clara sobre la importancia de cumplir con las normas de seguridad.

Asimismo, reclamó más inspecciones y mayores sanciones para aquellas empresas que incumplen la normativa. “Si la ley dice que es delito poner en riesgo, eso debe controlarse. Hoy no se está controlando como corresponde”, afirmó.

Desde el SUNCA sostienen que la seguridad laboral debe ser una prioridad permanente y no solo un tema de debate cuando ocurre un hecho trágico. En un sector como la construcción, donde las tareas en altura, el uso de maquinaria pesada y las condiciones climáticas adversas incrementan los riesgos, la prevención es clave para evitar pérdidas humanas.

Ferreira concluyó que la creación de una fiscalía especializada sería un paso importante para fortalecer el sistema de control y garantizar que la ley se cumpla efectivamente. “La vida y la integridad de los trabajadores no pueden depender de la suerte. La prevención y el cumplimiento de la normativa deben ser una política de Estado”, subrayó.

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