Barados tras la desarticulación de una red de trata laboral

La desarticulación de una red de trata de personas con fines de explotación laboral dejó al descubierto una dura realidad para más de 40 trabajadores extranjeros, en su mayoría argentinos y algunos de nacionalidad peruana, que habían llegado a Uruguay con la promesa de empleo formal. Tras avanzar la causa judicial y concretarse la formalización de los responsables, la mayoría de los afectados optó por retornar a su país de origen, mientras que un grupo reducido continúa reclamando asistencia económica y responsabilidades claras de la empresa que los contrató de manera informal.

Los trabajadores relataron que, una vez iniciado el proceso judicial y luego de prestar declaración, quedaron prácticamente solos. “Acá no podemos conseguir trabajo porque tenemos documento argentino. Nos dicen que sin documento uruguayo es muy difícil, y con todo complicado, más las fechas que se vienen, ya estamos en la perdición”, expresó uno de los damnificados, reflejando la desesperación que atravesaron durante las últimas semanas.

Según señalaron, la empresa para la cual trabajaban “se borró” completamente. “No sabemos nada de la empresa, nadie nos vino a dar una explicación. Ni la empresa ni el Ministerio de Trabajo. Al principio venía mucha gente, prometían cosas, hablaban de derechos, de ayuda, pero cuando se terminó todo y la mayoría declaró, desaparecieron”, relataron.

Los testimonios coinciden en que el único respaldo constante provino del Consulado Argentino y de organismos internacionales como la OIM. “La única que viene de vez en cuando es una señora del consulado. Lo demás, nada”, afirmaron. La sensación generalizada es de abandono, especialmente entre quienes tienen familias que dependen económicamente de ellos. “Todos tenemos hijos, familia. Yo tengo dos hijos que viven conmigo y no sé cómo voy a llegar allá ni qué voy a hacer”, sostuvo otro trabajador.

Muchos de los afectados habían trabajado apenas dos o tres semanas antes de que se destapara la maniobra. Aseguran que nunca estuvieron en blanco y que, tras estallar el caso, se montó una situación confusa para saldar algunos pagos. “Nos pagaron unos días de trabajo, pero hicieron un recibo medio trucho, en una plaza, y nos obligaron a firmar. Si no firmábamos, no cobrábamos”, denunciaron.

Además, cuestionaron el procedimiento posterior a las declaraciones judiciales. “Nos dijeron que había explotación laboral, que se estaba investigando todo, pero al final lo único que nos dijeron fue que nos podíamos ir. Muchos tuvieron que pagar su propio pasaje. Algunos se fueron hasta Colón y de ahí caminaron hasta Concordia porque no tenían plata”, relataron.

En este contexto, más de 40 trabajadores ya regresaron a Argentina por distintos medios, algunos con ayuda consular y otros por sus propios recursos. Sin embargo, al menos 13 permanecen vinculados al proceso y reclaman una respuesta concreta: asistencia económica mínima para subsistir y definiciones claras sobre la responsabilidad de la empresa involucrada.

“Sentimos que nos usaron. Primero para trabajar, después para hacer un circo mediático y judicial, y ahora quedamos pagando los platos rotos nosotros”, expresaron. Mientras la causa judicial sigue su curso y se aguardan eventuales condenas o reparaciones, la situación de los trabajadores deja planteado un fuerte cuestionamiento sobre los mecanismos de protección efectiva para las víctimas de trata laboral y el acompañamiento real una vez que las cámaras se apagan.

La historia, marcada por promesas incumplidas y un retorno forzado en condiciones de extrema vulnerabilidad, expone una vez más las consecuencias humanas de estos delitos y la necesidad de respuestas integrales que no terminen con la declaración judicial, sino que contemplen la dignidad y el futuro de quienes fueron explotados.