Pese a ser uno de los pilares de la economía nacional, la mayoría de los planteos de la Federación Rural no fueron incluidos en la ley de Presupuesto. Salud animal, carga impositiva e institucionalidad del agro quedaron sin respuesta, generando preocupación en el sector.
Somos Agronegocio22 de diciembre de 2025
Laura Pereyra
¿Qué sucede cuando un sector clave para el país eleva propuestas, pero éstas no son atendidas? Esa es la pregunta que se hace hoy buena parte del agro uruguayo, tras conocerse el balance de la Federación Rural sobre el tratamiento del Presupuesto Nacional.
La gremial difundió un documento donde compara los planteos realizados al Poder Legislativo con las decisiones efectivamente adoptadas. El resultado deja poco margen para la duda: la mayoría de las solicitudes vinculadas a salud animal, carga impositiva e institucionalidad del agro fueron ignoradas.
Uno de los pocos avances fue la creación de una Comisión Interinstitucional de Gobernanza para el fideicomiso de salud animal. Sin embargo, otras propuestas clave quedaron fuera: no se declaró la erradicación de la bichera como política de Estado, no se aseguraron fondos para enfermedades prevalentes ni se asignaron recursos específicos para investigación en sanidad animal.
Además, se incorporó un nuevo impuesto a los fitosanitarios, pese a que la Federación Rural había solicitado su exclusión del texto presupuestal. La gremial consideró inapropiado introducir un tributo de este tipo por esta vía, y alertó sobre el impacto negativo que puede tener en la producción.
Otro tema de alto impacto fue la solicitud de que al menos el 50% del Fondo de Naturaleza y Clima volviera al agro, con la posibilidad de convertirlo en un fondo de emergencia. La respuesta fue el silencio legislativo.
En relación al impuesto municipal del 1% a los semovientes, la gremial propuso su eliminación. ¿La respuesta? La creación de una comisión para discutir el tema, sin decisiones concretas.
La lista de planteos desestimados es extensa: no se avanzó en restituir el esquema original de financiamiento para el INIA (50% productores, 50% Estado); tampoco se limitó el uso de fondos del INC para comprar tierras, ni se creó el propuesto Observatorio de Campo Natural.
En la síntesis de su informe, la Federación Rural no oculta su malestar: “Lamentamos profundamente que varios de nuestros planteos razonables sobre temas clave para el desarrollo del sector agropecuario no hayan sido incorporados”. Y agrega: “Los legisladores priorizaron otros intereses, más electorales que de relevancia para el país más agropecuario del mundo”.
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