Trabajo infantil en Uruguay: más de 40.000 niños y adolescentes trabajan según nuevas estadísticas

Tras 15 años sin actualización, la encuesta nacional revela una realidad preocupante. El informe destaca riesgos para la salud, brechas de género y la necesidad urgente de políticas integrales de protección.

Actualidad19 de septiembre de 2025Esteban OberttiEsteban Obertti

ANDREA BOURET - Subinspectora General de Trabajo

Después de 15 años sin datos actualizados, Uruguay vuelve a poner sobre la mesa la magnitud del trabajo infantil. La subinspectora general de Trabajo, Andrea Bouret, presentó los resultados de la encuesta más reciente, que arroja una cifra alarmante: 40.200 niños, niñas y adolescentes trabajan actualmente en el país.

“Desde 2010 no teníamos resultados actualizados y este dato da cuenta de la necesidad de actuar como Estado, de manera conjunta y coordinada, para enfrentar esta problemática”, afirmó Bouret, subrayando que no se trata solo de abordar la precarización del trabajo, sino también de comprender las condiciones que obligan a tantos menores a incorporarse al mundo laboral.

Modalidades y brechas de género

Del total de niños y adolescentes relevados, el informe señala que un 5% trabaja a cambio de un salario en lo que se denomina la frontera de producción, mientras que otro 2% realiza tareas sin remuneración, principalmente vinculadas al cuidado.

En este último aspecto surge una clara perspectiva de género: son en su mayoría niñas y adolescentes las que asumen desde muy pequeñas las responsabilidades de cuidado de hermanos menores, personas mayores u otras tareas domésticas. Esta situación, advirtió Bouret, no solo limita sus oportunidades educativas, sino que también refuerza desigualdades estructurales que se arrastran hasta la vida adulta.

Riesgos para la salud y el futuro laboral

Uno de los puntos más preocupantes del informe es la exposición temprana a riesgos ergonómicos y físicos. Aunque la encuesta no especifica en detalle los rubros laborales, se identificó que muchos menores realizan tareas de carga y descarga, además de actividades que bordean la informalidad en sectores como la construcción, pese a que este tipo de empleo está expresamente prohibido para menores de edad.

“Cuando un niño empieza a trabajar desde muy chico en tareas pesadas, su cuerpo en pleno desarrollo se expone a riesgos que afectan su salud de forma permanente. Y hoy, que nos jubilamos a los 65 años, ese tiempo de exposición se extiende aún más”, explicó la jerarca.

Cambios metodológicos y contexto socioeconómico

Bouret aclaró que no es posible comparar directamente las cifras de 2010 con las actuales, debido a que la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha actualizado siguiendo lineamientos internacionales.

En 2010, la cifra rondaba los 90.000 menores trabajadores, pero ese número no es equiparable a los 40.200 de hoy. Según la subinspectora, el país también ha cambiado en términos demográficos y socioeconómicos: hay menos niños y adolescentes en proporción a la población total y una realidad distinta en cuanto a acceso a programas sociales y educativos.

El INE forma parte de congresos internacionales de estadística, donde se definen metodologías de recolección de datos para garantizar comparabilidad y precisión. Estos cambios implican preguntas más específicas, un enfoque diferenciado en torno al trabajo doméstico y al cuidado, y la inclusión de nuevas variables sociales.

El desafío por delante

Si bien los datos actualizados aportan un diagnóstico más claro, el panorama sigue siendo complejo. El trabajo infantil no solo perpetúa círculos de pobreza, sino que también compromete el derecho a la educación, a la salud y al desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Bouret enfatizó que la solución requiere un abordaje integral, que combine esfuerzos del Estado, las familias y la sociedad civil. “Las mesas interinstitucionales, las políticas de apoyo a las familias vulnerables y el refuerzo en la fiscalización laboral son pasos necesarios para proteger a los más jóvenes”, afirmó.

Con más de 40.000 niños aún obligados a trabajar, Uruguay enfrenta el desafío de transformar estas estadísticas en acciones concretas que garanticen un presente y un futuro sin explotación infantil.

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