La crisis en la industria láctea ya dejó casi 300 trabajadores sin empleo en todo el país. En Paysandú, el caso de PILI sigue vigente: a más de cinco años del cierre, exempleados aún reclaman salarios impagos. La situación expone la fragilidad del sector y la necesidad urgente de soluciones.
Somos Agronegocio30 de julio de 2025
Laura Pereyra
La industria láctea uruguaya atraviesa una profunda crisis que ya afectó cerca de 300 puestos de trabajo directos, producto de cierres y reestructuraciones en empresas del sector. El epicentro del problema se encuentra en la decisión de Conaprole de cerrar su planta en Rivera (planta 14), acompañada por movimientos similares en cooperativas como Claldy, Calcar y Coleme.
Según la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), se han afectado unos 280 empleos directos en total.En particular, Claldy anunció la desvinculación de 50 trabajadores de sus 204 empleados, mientras que Conaprole dejará sin trabajo a 22 personas en su planta de Rivera. La planta de Calcar, ya vendida a Nofrock S.A.S., y Coleme se encuentran en reestructuración o traspaso de control
Factores detrás de la crisis:
Adversidades climáticas: 2023 estuvo marcado por una severa sequía y 2024 por lluvias excesivas, impactando negativamente en la producción de leche de los tambos.
Competitividad deteriorada por importaciones de Argentina y Brasil, junto a precios internacionales inestables de leche en polvo, que bajaron drásticamente y luego retomaron niveles superiores a los US$ 4.000/t.
Altos costos operativos y excedente de capacidad: en el caso de Conaprole en Rivera se registran sobrecostos por US$ 1,5 millones anuales y una caída del 57 % en ventas localizadas en sachet.
Impacto en Paysandú: el caso de PILI
Uno de los ejemplos más emblemáticos de la crisis en Paysandú es la antigua empresa láctea PILI, que cerró en 2018 tras acumular pasivos por aproximadamente US$ 60 millones. En ese momento empleaba a cerca de 130 trabajadores y recibía cerca del 3 % de la leche remitida a la industria nacional.
A más de cinco años del cierre, exempleados siguen reclamando el pago de salarios y aguinaldos adeudados. Hasta ahora, el Fondo de Garantía de Créditos Laborales no cubrió a todos los trabajadores, y algunos reclaman el pago de unos US$ 12 mil por persona. En el Parlamento se abordó el tema, destacándose que alrededor de 200 familias sanduceras fueron afectadas por el cierre y que muchos trabajadores aún no pudieron reintegrarse al mercado laboral.
Organizados sindicalmente, exfuncionarios de PILI solicitaron soluciones concretas y respuestas al Poder Ejecutivo. También se reunieron con autoridades locales y nacionales en busca de vías para obtener algún resarcimiento mediante la ley o un decreto de excepción.
Gobierno y seguimiento institucional
En respuesta al panorama, los ministerios de Trabajo (MTSS), Industria (MIEM) y Ganadería (MGAP) se han comprometido a monitorear la situación de cerca. Se mantienen reuniones con empresas como Claldy, Cooperativa de Young y Calcar, y en paralelo se evalúan estrategias para sostener la operativa o viabilizar nuevos inversores. Nofrock presentó un plan con foco en la exportación para la planta de Calcar, mientras que Coleme podría continuar operando bajo nueva propiedad sin perder su personal operativo.
La FTIL ha insistido en la necesidad de una Ley de Lechería que promueva la descentralización, apueste a cuencas productivas en el interior y evite la concentración de empleo en la zona metropolitana.
Perspectivas y desafíos
Aunque las exportaciones lácteas uruguayas vienen creciendo en montos (812 millones de dólares en 2024), mucho del valor agregado se concentra en pocas grandes empresas, mientras las medianas y pequeñas luchan por mantenerse.
Para revertir esta tendencia se requieren políticas públicas efectivas, apoyo financiero estructural, diversificación de mercados y fortalecimiento de la industria semiindustrial en los departamentos. El desafío consiste en combinar innovación, sostenibilidad y justicia social para garantizar el futuro de un sector clave en la economía nacional y la comunidad rural del interior.
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La central sindical denunció la grave situación laboral en el departamento, marcada por cierres de empresas, contratos precarios y la falta de respuestas estructurales. También advirtió sobre el impacto ambiental de futuros proyectos industriales.
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