Se mantiene abierta una investigación que sacude a Paysandú. La fiscalía confirmó que 52 trabajadores extranjeros fueron hallados en condiciones de vulnerabilidad y anunció medidas de protección, cierre de fronteras y nuevas diligencias en curso.
Actualidad12 de diciembre de 2025
Jean Pierre DutraEn una conferencia detallada y contundente, el fiscal de Segundo Turno de Paysandú, Dr. Joaquín Suárez, brindó un panorama completo sobre los avances de la denominada “Operación Incaicos”, una investigación que comenzó en junio tras recibir información cruzada de distintas unidades estatales y que esta semana avanzó de forma significativa con tres allanamientos simultáneos.
El martes, desde las primeras horas de la mañana, se realizaron dos allanamientos en Paysandú —uno en un predio rural dedicado a tareas citrícolas y forestales, y otro en un inmueble industrial en la ciudad— además de un tercer operativo en el departamento de Salto. La acción fue llevada adelante por la Jefatura de Policía de Paysandú, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Interpol, la Unidad de Víctimas y Fiscalía, en un despliegue interinstitucional sin precedentes para el departamento.
Como resultado de los procedimientos, fueron individualizados 52 trabajadores migrantes, de los cuales 14 son de nacionalidad peruana y 38 argentinos, incluyendo entre ellos una mujer y un adolescente. Según confirmó el fiscal Suárez, todos habían ingresado de manera irregular al país y se encontraban en un contexto de alta vulnerabilidad, lo que activó protocolos de protección inmediata.
Desde el primer momento, enfatizó el fiscal, se aplicó un enfoque de protección a las víctimas, garantizando acompañamiento, contención y la recolección de testimonios dentro de marcos adecuados. En la jornada posterior a los allanamientos, 11 trabajadores peruanos prestaron declaración en calidad de víctimas ante el Juzgado Letrado de Cuarto Turno, mediante la modalidad de Cámara Gesell, especialmente diseñada para evitar la revictimización y asegurar un entorno seguro.
La investigación también llevó al dictado de medidas cautelares de cierre de fronteras para varios involucrados aún no formalizados, todos ellos vinculados a la dirección de la empresa investigada. Esta decisión, señaló Suárez, se tomó con el objetivo de garantizar su disponibilidad para el proceso mientras avanza la investigación.
En una audiencia realizada este jueves, la justicia hizo lugar al planteo de Fiscalía y dispuso la formalización de un ciudadano argentino, relacionado con la organización y conducción de la cuadrilla de trabajadores extranjeros. Se le imputó la presunta comisión del delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso, una figura penal equivalente a situaciones compatibles con trata de personas con fines de explotación laboral.
Como medida cautelar, se decretó su prisión preventiva por 90 días, mientras continúa el desarrollo de la investigación. Suárez aclaró que la formalización no implica una condena, y que el imputado mantiene intacta su presunción de inocencia. Sin embargo, la medida excepcional quedó justificada debido a los riesgos concretos de fuga, entorpecimiento de la investigación y seguridad de las víctimas.
A pesar de los avances significativos, el fiscal remarcó que la investigación está lejos de concluir. Durante los tres allanamientos se recopiló abundante evidencia documental y digital, actualmente en análisis. También existen otras personas bajo investigación, y se prevén nuevas diligencias en los próximos días.
“Lo que informamos hoy no es un cierre, sino un punto de avance”, subrayó Suárez. “La investigación recién está tomando forma”.
La Operación Incaicos revela un entramado de prácticas laborales irregulares y explotación de personas migrantes que, según los investigadores, podría tener ramificaciones aún más amplias. La respuesta coordinada del Estado, la intervención rápida de las instituciones y el enfoque centrado en la protección de las víctimas marcan un precedente relevante para futuros casos.
Mientras el proceso continúa, la Fiscalía asegura que la prioridad seguirá siendo garantizar los derechos de las víctimas, esclarecer responsabilidades y evitar que este tipo de redes sigan operando en el país.
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Tras una investigación que comenzó en junio. El Jefe de Policía, Alejandro Sánchez, detalló cómo el trabajo coordinado entre varias unidades del Estado permitió rescatar a migrantes en situación de vulnerabilidad y realizar allanamientos en Paysandú y Salto.
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