El diputado Juan Gorosterrazú llama a fortalecer la Ley de Salud Mental y a implementar servicios que aún no han llegado a territorios críticos como Paysandú, uno de los departamentos con mayores índices de suicidio del país.
Actualidad25 de abril de 2025
Jean Pierre DutraUruguay atraviesa una crisis silenciosa pero devastadora: una emergencia nacional en materia de salud mental, especialmente en lo que refiere a suicidios. Así lo manifestó el diputado Juan Gorosterrazú, quien advirtió sobre la urgencia de abordar el problema con acciones concretas, consenso político y una implementación efectiva de la Ley de Salud Mental, aprobada en 2017 y acompañada de un plan nacional en 2019.
“La situación golpea a toda la sociedad y trasciende las clases sociales y económicas. Estamos ante un problema estructural y debemos tratarlo con la seriedad que merece”, afirmó el legislador. En su visión, Uruguay necesita dejar atrás el estigma y avanzar en una política de salud mental sólida, descentralizada y centrada en las personas.
Gorosterrazú recordó que, si bien en el periodo anterior se asignaron 20 millones de dólares al Plan Nacional de Salud Mental, los resultados no se vieron reflejados en la realidad cotidiana. “No vimos centros de medio camino en todo el país ni servicios desarrollados en áreas que lo necesitaban con urgencia. Hablo especialmente de Paysandú, donde no hubo ninguno”, lamentó.
El caso de Paysandú es particularmente alarmante. Según el diputado, el departamento ha registrado históricamente algunos de los indicadores más altos de suicidio en todo el país, superando ampliamente la media nacional. Mientras el promedio en Uruguay ronda los 22 o 23 suicidios por cada 100.000 habitantes, Paysandú ha llegado a alcanzar tasas de hasta 37, una cifra que también está muy por encima de la media sudamericana, que es de apenas 9 por cada 100.000.
“Es una realidad que nos golpea profundamente, sobre todo en la población joven. Por eso es tan importante que programas como Ni silencio ni tabú, impulsado por el MIDES, se implementen en departamentos como el nuestro. Pero lamentablemente, no se hizo”, señaló Gorosterrazú. El programa mencionado tiene como objetivo brindar apoyo psicológico y espacios de diálogo para jóvenes, buscando prevenir situaciones de crisis emocional y suicidio.
El legislador afirmó haber planteado la necesidad de avanzar en este sentido a la actual directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Eugenia Godoy, y sostuvo que es necesario dar un paso adelante en términos de infraestructura y atención. “Hay que llegar a todo el país, no sólo a Montevideo o las capitales departamentales. La descentralización es clave para que la ley tenga impacto real”, insistió.
Asimismo, Gorosterrazú hizo énfasis en que la Ley de Salud Mental representa un cambio de paradigma que aún no ha sido plenamente asumido. “La ley busca dejar atrás el modelo hospitalocéntrico, basado en el encierro, y propone una mirada integral, basada en derechos, comunidad y acompañamiento personalizado. Eso es fundamental para avanzar”, explicó.
Como ejemplo del viejo modelo que aún persiste, recordó que en 2005 Uruguay tenía más de 5.000 personas internadas en colonias psiquiátricas como Vilardebó y otras instituciones. “Para 2014-2015 esa cifra se redujo a 700 u 800 personas, lo cual sigue siendo mucho, pero también muestra que es posible cambiar si hay voluntad y recursos”, concluyó.
Para Gorosterrazú, el debate sobre la salud mental no puede esperar más. “Se necesita más acción, más coordinación interinstitucional, y sobre todo más presencia del Estado en los territorios. No podemos seguir mirando para el costado”, sentenció.
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