Esteban OberttiVecinos de Guichón por los Bienes Naturales volvieron a plantear su preocupación por la forma en que el Estado controla, registra y sanciona las infracciones vinculadas al uso de agroquímicos y a la protección ambiental.
En entrevista con Radio Paysandú, Marcelo Fagúndez sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre los organismos competentes. Según explicó, puede ocurrir que un productor sea sancionado por un ministerio por una infracción ambiental y, tiempo después, cometa otra falta vinculada a una aplicación de agroquímicos sin que ese antecedente sea considerado por otro organismo.
“Si hay un productor que tiene una denuncia del Ministerio de Ambiente por quemar envases de agroquímicos y se lo multa, a los tres o cuatro meses puede cometer otra infracción con una aplicación y no figurarle antecedentes”, señaló.
Fagúndez puso como ejemplo situaciones ocurridas en la zona, entre ellas el caso de la Escuela Agraria, donde —según indicó— se encontró glifosato en el patio del centro educativo. Para el colectivo, estos episodios muestran que existe normativa, pero falta una respuesta estatal más articulada y efectiva.
“Hay mucha normativa, mucha legislación, pero el Estado tiene muchas direcciones y muchas cuestiones que no siempre se comunican entre sí”, afirmó.
El reclamo de los vecinos también apunta a OSE. Fagúndez recordó que meses atrás mantuvieron una reunión con el presidente y el vicepresidente del organismo para trasladarles su inquietud sobre la situación de la unidad potabilizadora de agua de Guichón.
Desde el colectivo entienden que OSE debería asumir un rol más activo en la defensa de la calidad del agua que consume la comunidad. Para los vecinos, el organismo tendría que ser un aliado directo, ya que es quien presta el servicio de agua potable en la localidad.
“OSE debería ser el organismo aliado de los vecinos porque es quien le vende el agua potable a la comunidad de Guichón”, expresó Fagúndez.
La preocupación central está vinculada a las aplicaciones de sustancias tóxicas en zonas muy cercanas a la unidad potabilizadora. Según planteó, se han registrado aplicaciones a unos 40 metros, lo que genera alarma en la comunidad por el posible impacto sobre el agua y el ambiente.
En la entrevista, Fagúndez también hizo referencia al Acuerdo de Escazú, firmado por Uruguay en 2018 y ratificado por ley en 2019. Recordó que ese acuerdo obliga al Estado a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación de la sociedad civil en decisiones que puedan afectar el ambiente y los derechos humanos, y el acceso a la justicia ambiental.
Para Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, esta herramienta jurídica es clave para respaldar sus reclamos. Fagúndez subrayó que el acuerdo es vinculante, por lo que el país está obligado a cumplirlo.
“El Estado uruguayo está obligado a cumplirlo. Es una gran herramienta para la sociedad civil”, remarcó.
El integrante del colectivo también cuestionó lo que considera una contradicción entre los compromisos que Uruguay asume en ámbitos internacionales y la forma en que esos compromisos se aplican en el territorio.
“Uruguay dice una cosa en los foros internacionales y después aplica otra acá”, sostuvo.
Fagúndez agregó que quienes integran el colectivo han atravesado situaciones de tensión, amenazas y falta de seguridad en el desarrollo de su militancia ambiental dentro de la comunidad. Por eso, entienden que el Acuerdo de Escazú también debe servir para proteger a quienes defienden derechos vinculados al ambiente y a la salud.
El reclamo vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para Guichón: la convivencia entre la producción, el uso de agroquímicos, la protección del agua potable y el derecho de los vecinos a participar en decisiones que pueden afectar directamente su vida cotidiana.
