Esteban OberttiLa interna de la Liga de Fútbol de Paysandú atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. En una conferencia de prensa convocada por los 13 clubes opositores al oficialismo, se expusieron una serie de cuestionamientos que van desde irregularidades en el acto electoral hasta denuncias de un problema estructural más profundo: el funcionamiento de la Liga por fuera de su marco jurídico vigente.
La actividad contó con la participación de la candidata opositora a la presidencia, Juliet Irisarri, junto a los abogados Mauro Soto y Pedro Dávila Collazo, quienes están asesorando a las instituciones en las acciones legales iniciadas.
Irisarri fue clara al explicar el objetivo de la convocatoria: “La idea de hoy era aclarar algunas dudas con respecto al proceso que estamos llevando adelante”. En representación de los 13 clubes que respaldaron su candidatura, detalló que tras el acto eleccionario se resolvió avanzar por distintas vías ante lo que consideran una serie de irregularidades.
Uno de los puntos centrales es la actuación de la Comisión Electoral, que presentó un informe extenso y concluyó declarando la nulidad del acto. A partir de allí, los clubes iniciaron procesos de impugnación, aunque según denunciaron no han obtenido respuesta por parte del Consejo Directivo Central (CDC) de la Liga.
Sin embargo, el foco de la preocupación va más allá del proceso electoral. “El problema es mucho más grave”, afirmó Irisarri. Según explicó, tras diversas averiguaciones accedieron a documentación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que revela que los estatutos registrados oficialmente no coinciden con los que actualmente se están aplicando en la Liga.
“Ahí es donde aparece el problema central. Todo lo que se ha hecho anteriormente y lo que se está haciendo ahora no tendría validez, porque no se basa en el estatuto madre registrado”, sostuvo. Además, aseguró que los reglamentos utilizados tampoco están debidamente inscriptos, lo que agrava aún más la situación institucional.
Desde el punto de vista legal, el doctor Mauro Soto remarcó que se han iniciado acciones en múltiples frentes. “Ha comenzado una serie de acciones a los efectos de que se tome conciencia de que se necesita diálogo”, indicó. Entre ellas, mencionó la impugnación formal de la asamblea, solicitudes de nulidad del acto electoral y la preparación de una acción de amparo con medidas cautelares.
Soto expresó su sorpresa ante la falta de respuestas institucionales. “Ni los equipos ni la propia Comisión Electoral han recibido respuesta, ni formal ni informal”, afirmó. También cuestionó que, pese a la gravedad de las denuncias, no se haya convocado a una instancia de diálogo entre los clubes.
“Se está discutiendo en redes sociales, en medios, incluso a nivel nacional, pero no se convoca a una asamblea extraordinaria para tratar estos temas. Eso es lo que más asombra”, señaló.
Por su parte, el doctor Pedro Dávila Collazo fue aún más contundente al referirse a lo ocurrido durante la asamblea. “Está plagada de irregularidades. Tal como se desarrollaron los hechos, debió haberse suspendido en la mitad del proceso. Es nula, absolutamente nula”, afirmó.
El abogado también cuestionó aspectos procedimentales, como la falta de notificación en los plazos correspondientes para determinar qué clubes estaban habilitados para votar. “Las normativas establecen que estas notificaciones deben realizarse con al menos 10 días hábiles de antelación. Eso no se cumplió”, explicó, citando tanto reglamentos internos como normativa nacional vigente.
Otro de los puntos señalados fue la supuesta falta de igualdad en el tratamiento de los clubes. Se mencionaron casos concretos donde algunas instituciones fueron habilitadas para votar mientras que otras, en condiciones similares, no lo fueron. “Eso genera una clara desigualdad y pone en duda la legitimidad del proceso”, indicó Dávila Collazo.
Además de las acciones internas dentro de la Liga, los representantes legales confirmaron que también se recurrirá al MEC, organismo encargado de regular las asociaciones civiles en Uruguay. Incluso, no se descarta solicitar una intervención si la situación no se encauza en el corto plazo.
En paralelo, la vía judicial aparece como un camino inminente. La presentación de un recurso de amparo podría tener efectos rápidos, dado el carácter urgente de este tipo de procesos. “Si esto no se resuelve en pocos días, lo va a terminar definiendo la Justicia”, advirtió Dávila Collazo.
Más allá de las diferencias, los voceros insistieron en que el objetivo no es generar una confrontación, sino encontrar una salida institucional. “No se trata de ganar o perder, sino de que haya claridad y garantías para todos”, subrayaron.
La situación genera incertidumbre no solo a nivel dirigencial, sino también en el ámbito deportivo, ya que pone en duda la normalidad de las competencias. Para los clubes opositores, es imprescindible que se restablezcan las reglas claras y se respete el marco legal vigente.
La crisis en la Liga de Paysandú deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y garantizar transparencia en los procesos. Mientras tanto, los 13 clubes continúan avanzando en sus reclamos, a la espera de respuestas que, por ahora, no llegan.
