Esteban OberttiCon la entrada en vigencia de la Ley de Eutanasia en Uruguay, el sistema de salud inicia una nueva etapa marcada por protocolos estrictos, controles médicos y garantías para los pacientes que soliciten acceder a la muerte asistida. En conferencia de prensa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó los alcances de la reglamentación y los criterios que regirán su aplicación.
La jerarca subrayó que el principal objetivo del Ministerio es asegurar que el derecho de las personas esté plenamente protegido, pero bajo condiciones de absoluta rigurosidad. “Como autoridad sanitaria, nuestra responsabilidad es garantizar que el derecho de quien solicita la eutanasia esté completamente amparado”, afirmó.
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es el énfasis en la voluntad del paciente. Según explicó Lustemberg, se profundizaron los mecanismos para asegurar que la decisión sea libre, informada y sostenida en el tiempo. En ese sentido, se establece que la persona puede revocar su solicitud en cualquier momento del proceso, sin necesidad de justificación.
Además, el paciente tendrá la posibilidad de decidir aspectos vinculados al procedimiento, como el lugar donde se llevará a cabo ya sea en una institución de salud o en su domicilio— y si desea estar acompañado durante el momento.
La normativa también define con precisión los criterios médicos que habilitan el acceso a la eutanasia. Se establecen conceptos clave como enfermedad incurable, condición irreversible y sufrimiento insoportable, que deberán ser evaluados bajo parámetros estrictos y actualizados según la evidencia científica.
Para la elaboración de estos criterios, el Ministerio tuvo en cuenta tanto avances médicos recientes como la experiencia de otros países donde la eutanasia ya está regulada. “Era fundamental que la normativa estuviera en consonancia con los estándares internacionales y las mejores prácticas”, indicó la ministra.
El procedimiento previsto incluye varias etapas obligatorias. En primera instancia, el paciente deberá ser evaluado por un médico tratante, quien analizará la situación clínica y la solicitud. Posteriormente, intervendrá un segundo profesional denominado médico consultante que deberá contar con determinadas especialidades y actuar con total independencia.
Este doble control busca garantizar la objetividad del proceso y evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. En caso de ser necesario, también podrá intervenir una junta médica, prevista en la ley, que aportará una evaluación adicional en situaciones complejas.
Lustemberg destacó que todos los profesionales involucrados deberán cumplir con requisitos específicos y actuar bajo protocolos claramente definidos. “Se cuidó especialmente la objetividad y la transparencia en cada instancia”, remarcó.
Otro punto relevante es que el decreto reglamentario establece el diseño completo del procedimiento, desde la solicitud inicial hasta la eventual realización de la eutanasia, incluyendo los tiempos, controles y registros necesarios.
La implementación de esta ley representa un desafío importante para el sistema de salud, tanto en términos éticos como operativos. Sin embargo, desde el Ministerio se asegura que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar una aplicación responsable.
“La prioridad es cuidar a las personas, respetar su dignidad y asegurar que cada decisión se tome con todas las garantías”, concluyó la ministra.
Con este marco normativo, Uruguay se suma al grupo de países que han regulado la eutanasia, incorporando un modelo que busca equilibrar el respeto por la autonomía individual con estrictos controles médicos y legales.
