Esteban Obertti
La interna de la Liga de Fútbol de Paysandú atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años. Tras la polémica asamblea del pasado 10 de abril, un grupo de 13 clubes, encabezados por la candidata opositora Juliet Irisarri, presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por presuntas irregularidades en el proceso electoral y en el funcionamiento institucional de la liga.
En una entrevista brindada a SOMOS DE ACÁ, Irisarri explicó en detalle los fundamentos de la denuncia y aseguró que la situación ha escalado a un nivel que excede lo meramente electoral. “Esto ya no es solo un problema de una asamblea o de una elección, sino una vulneración del marco jurídico que regula a la liga”, afirmó.
Según relató, la delegación que viajó a Montevideo fue recibida por el doctor Mario Galeotti Galmés, ante quien presentaron abundante documentación que respalda sus cuestionamientos. Entre los elementos aportados se incluyen informes de clubes como Rampla y Queguay, resoluciones de la comisión electoral, notas formales, así como distintas versiones de estatutos y reglamentos.
Uno de los puntos más graves señalados por Irisarri es la existencia de múltiples estatutos en circulación. “El único válido es el que está registrado en el MEC. Sin embargo, nosotros estábamos manejando un reglamento distinto, que además presenta modificaciones en puntos clave”, explicó.
Estas alteraciones, según denuncian, habrían incidido directamente en el sistema de votación durante la asamblea. Como ejemplo, mencionó el caso del club El Bosco, al que se le habría reducido su representación de un voto a medio voto, mientras que otras instituciones habrían sido beneficiadas. “Son cambios que afectan directamente la legitimidad del proceso”, sostuvo.
Además, la comisión electoral había declarado nula la asamblea por las irregularidades detectadas, decisión que, según los denunciantes, no fue respetada. También indicaron que no se respondieron los pedidos de informes realizados por dicho órgano, lo que agrava aún más la situación institucional.
La denuncia fue presentada por 13 clubes entre ellos Litoral, Huracán, Independiente, Juventud Unida, Estudiantil y Centenario que aseguran representar cerca del 50% de las instituciones habilitadas. En paralelo, estos clubes solicitaron la suspensión de la fijación de partidos hasta tanto no se aclare el escenario.
El MEC, por su parte, ya inició el proceso correspondiente. Según explicó Irisarri, se dará traslado de la denuncia a la liga y a las autoridades cuestionadas, quienes tendrán un plazo de diez días para presentar sus descargos. Posteriormente, el organismo evaluará la situación.
“No se descarta la designación de un interventor”, adelantó la dirigente, señalando que esa fue una de las posibilidades planteadas durante la reunión. En caso de concretarse, el interventor tendría la tarea de ordenar la institución, analizar la documentación y proponer una salida.
Sin embargo, los tiempos no son menores. Irisarri indicó que el proceso podría extenderse varios meses, incluso hasta fin de año. En ese escenario, advirtió que la actividad oficial podría verse afectada. “Nos dijeron claramente que si hay intervención, el fútbol se para”, afirmó.
Ante esta posibilidad, los clubes evalúan alternativas para sostener la actividad, como la organización de torneos paralelos no oficiales, con el objetivo de mantener en competencia a los jugadores y generar ingresos mínimos para las instituciones.
En paralelo, también se prepara una acción judicial. Se trata de un recurso de amparo que será presentado por los clubes denunciantes para evitar sanciones económicas o deportivas, como multas o desafiliaciones, mientras se resuelve el conflicto.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la falta de actualización de los estatutos. Según Irisarri, hace más de 15 años que no se revisan, lo que ha permitido situaciones como la reelección indefinida de autoridades. “No hay límites claros, y eso no es sano para ninguna institución”, afirmó.
En ese sentido, la dirigente había propuesto en su programa una reforma estatutaria que limite los mandatos, algo que también es promovido desde el propio MEC como buena práctica institucional.
Finalmente, Irisarri subrayó que el objetivo de la denuncia no es perjudicar al fútbol local, sino transparentar su funcionamiento. “Queremos que las reglas sean claras y que se respeten. Esto es por el bien de los clubes y del fútbol de Paysandú”, concluyó.
El conflicto sigue abierto y ahora queda en manos de las autoridades nacionales determinar los próximos pasos en un proceso que podría redefinir el futuro de la Liga de Fútbol de Paysandú.
