Verri cuestiona al INAU por fallecimientos de menores y por contratación directa de U$S 250.000

El diputado del Partido Colorado, Walter Verri, expresó su profunda preocupación por la situación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), tras una serie de fallecimientos de menores que se encontraban bajo la custodia del organismo. Además, cuestionó una reciente contratación directa por 250.000 dólares a una universidad argentina para la capacitación de funcionarios, decisión que —según afirmó— “no contribuye a la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.

En declaraciones públicas, el legislador sostuvo que los menores institucionalizados “están en una situación bien distinta al resto de los niños y adolescentes del país”, ya que muchos de ellos necesitan contención especial, provienen de contextos de vulnerabilidad, han sido abandonados por sus familias o incluso han tenido conflictos con la ley. “Están bajo la custodia del INAU, que tiene la responsabilidad de garantizar su protección y cuidado”, remarcó.

“Nos golpea duro”

Verri señaló que en los últimos tiempos se ha registrado “una seguidilla lamentable de fallecimientos de menores bajo la custodia del INAU”, lo que a su entender demuestra que el organismo “no está siendo capaz de cumplir con su mandato en la forma adecuada”.

“Eso realmente nos golpea, nos pega duro”, expresó, y agregó que la situación amerita explicaciones claras y públicas. En ese sentido, recordó que el ministro de Desarrollo Social deberá comparecer el próximo día 20 ante la Comisión Permanente del Parlamento, junto al directorio del INAU, para dar cuenta de lo que está ocurriendo.

“El ministro y las autoridades del organismo van a tener que explicar todo lo que está pasando, porque lamentablemente no son cosas buenas”, afirmó el diputado, quien adelantó que seguirá de cerca la instancia parlamentaria.

Críticas por contratación directa

A la preocupación por los fallecimientos se sumó una fuerte crítica a la decisión del INAU de contratar en forma directa a una universidad argentina por un monto de 250.000 dólares para la capacitación de sus funcionarios.

Según Verri, la institución seleccionada tiene “apenas cuatro años de experiencia” y habría sido habilitada en 2021. También cuestionó que la contratación se haya realizado sin un proceso licitatorio que garantice competencia y transparencia.

“Como le sobraban 250.000 dólares, adjudicaron en forma directa a una universidad argentina, sin ningún tipo de trámite de licitación ni competencia. No parece ser la norma adecuada para manejar recursos públicos”, sostuvo.

El legislador también indicó que los propios funcionarios del organismo estarían en desacuerdo con la decisión. “No hace a la transparencia que un organismo que tiene tantas dificultades esté destinando 250.000 dólares de esta manera”, añadió.

Pedido de informes y reclamo de transparencia

Ante esta situación, Verri confirmó que presentó un pedido de informes para conocer en detalle los fundamentos de la contratación, los criterios utilizados y las razones por las cuales no se recurrió a un llamado abierto o a instituciones nacionales.

“Tenemos universidades muy prestigiosas en el país que seguramente están en condiciones de brindar este tipo de capacitación. Pero lo fundamental es el proceso licitatorio, que es lo que da garantías y transparencia en el uso de los recursos”, argumentó.

El diputado reconoció que el tema de la contratación es reciente y que posiblemente no forme parte de la comparecencia ya prevista del ministro, aunque manifestó su deseo de que también sea abordado.

“Me gustaría que contesten, porque esto hace a la buena administración. Estamos hablando de un organismo que, a mi juicio, hoy hace agua por todos lados, y no puede darse el lujo de manejar los fondos públicos sin los debidos controles”, enfatizó.

Finalmente, Verri reiteró que su postura no busca generar polémica sino exigir responsabilidades y mejorar el funcionamiento de una institución clave en la protección de niños y adolescentes. “Cuando se trata de menores bajo custodia del Estado, la exigencia tiene que ser máxima”, concluyó.