Un cambio que busca “solidaridad” pero despierta dudas
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció un cambio significativo en la estructura tributaria departamental: la Tasa de Servicios pasará a denominarse Impuesto de Servicios. Aunque el jefe comunal subrayó que “no se trata de un nuevo tributo”, el cambio no será meramente formal, ya que implica variaciones en los valores a pagar y la incorporación de un componente de “solidaridad” en la contribución de los vecinos.
“Vamos a hacer mutar lo que es la tasa de servicios a un impuesto de servicios. Es neutro en términos generales, pero introduce un concepto de solidaridad en el aporte”, explicó Olivera.
Según indicó, la idea es ajustar los aportes ciudadanos a la realidad del costo de los servicios, que han aumentado en los últimos años, especialmente en materia de limpieza, mantenimiento urbano y gestión de residuos.
Sin embargo, este tipo de modificaciones siempre generan controversia, sobre todo cuando se vinculan con el bolsillo de los sanduceros. Si bien la Intendencia insiste en que el cambio no implica un incremento generalizado, algunos contribuyentes podrían enfrentar leves aumentos dependiendo del tipo de servicio o zona.
El argumento ambiental: recolección y clasificación de residuos
Uno de los principales fundamentos del nuevo esquema tributario es la apuesta a la valorización de residuos y la clasificación en origen. Olivera adelantó que los hogares podrán optar por recibir un contenedor de 120 litros para separar los residuos domésticos y contribuir a un modelo más sostenible.
“Quien se adhiera a ese sistema va a tener una reducción en el nuevo impuesto”, señaló el intendente, destacando que se busca premiar las buenas prácticas ambientales.
No obstante, en la práctica, la medida implica que el servicio de recolección será más personalizado y posiblemente más costoso, lo que podría no ser bien recibido por todos los vecinos.
En un contexto económico ajustado, algunos ciudadanos podrían considerar que la Intendencia traslada a los hogares el costo de la gestión ambiental, bajo un discurso de corresponsabilidad.
Servicios públicos y nuevas fuentes de financiamiento
El nuevo impuesto no se destinará únicamente a la recolección de residuos. Según Olivera, también permitirá financiar estaciones de transferencia en localidades del interior, como Quebracho, Guichón y Gallinal, así como mantenimiento de espacios públicos y otras tareas que hoy demandan más recursos de los que ingresan por la actual tasa.
“Todos tenemos que pagar cosas que quizás no nos afectan directamente, pero que impactan en nuestro entorno. Es parte de una lógica de comunidad”, sostuvo.
Este planteo de “solidaridad territorial” busca equilibrar las inversiones en todo el departamento, aunque podría generar resistencias entre quienes sienten que pagan más por servicios que no utilizan directamente.
Una reforma que no impactará de inmediato… pero que ya genera debate
Olivera aclaró que la implementación del nuevo tributo no tendrá efectos inmediatos en 2026, ya que los impuestos no pueden aplicarse con carácter retroactivo. El impacto comenzará a sentirse recién en el próximo ejercicio fiscal, una vez aprobada la norma en la Junta Departamental.
Aun así, el anuncio reabre el debate sobre la presión fiscal local y la forma en que se financian los servicios públicos. En un país donde los gobiernos departamentales buscan equilibrar sus cuentas sin aumentar directamente la patente o el contribuyente inmobiliario, la conversión de tasas en impuestos aparece como una estrategia intermedia —aunque no exenta de polémica.
Entre la sostenibilidad y la carga tributaria
El intendente defendió la medida como parte de una visión de largo plazo que apunta a mejorar la calidad ambiental y la eficiencia del sistema de limpieza urbana. “Los servicios que brinda la Intendencia hoy son mucho más de lo que termina recibiendo por la tasa”, subrayó.
Sin embargo, no todos comparten ese diagnóstico. En la medida en que el nuevo impuesto se asocie a un posible aumento en los costos para los hogares, el debate público podría intensificarse.
El desafío será lograr que la ciudadanía perciba el cambio no como un nuevo peso en su economía familiar, sino como una inversión compartida en una ciudad más limpia, moderna y equitativa.
