Esteban OberttiRODRIGO SILVA - Edil Partido Nacional
En la Junta Departamental de Paysandú, el edil del Partido Nacional Rodrigo Silva realizó una enfática exposición en defensa del comercio y los trabajadores de la frontera con Argentina, reclamando mayor equidad territorial frente a los beneficios que hoy reciben las ciudades limítrofes con Brasil. En ese marco, cuestionó la reciente reducción de la devolución del IMESI a los combustibles en el litoral y advirtió sobre un conjunto de medidas que, a su entender, profundizan las asimetrías y afectan la competitividad regional.
Silva comenzó comparando la situación de Paysandú, Salto y Fray Bentos con la de departamentos fronterizos con Brasil como Rivera, Chuy o Río Branco, donde rigen regímenes especiales que incluyen exoneraciones de IVA e IMESI en importaciones, reducción del IVA en ventas minoristas y un sistema aduanero simplificado que abarata costos y agiliza trámites. “Mientras esas ciudades acceden a beneficios concretos, nosotros enfrentamos una competencia desigual con Argentina”, afirmó.
Ante ese escenario, el edil planteó una propuesta concreta: extender el régimen especial de comercio de frontera a la frontera con Argentina, en un radio de 20 kilómetros. “No se trata de privilegios, se trata de equidad territorial. Queremos que nuestros comerciantes y trabajadores tengan las mismas herramientas que hoy fortalecen a las ciudades limítrofes con Brasil”, subrayó.
Según Silva, los beneficios de un régimen de este tipo están ampliamente comprobados. Enumeró, entre ellos, la reducción de costos para comerciantes y consumidores mediante exoneraciones impositivas, el fomento del empleo y de la actividad económica local a través de incentivos laborales y rebajas en las cargas patronales, y una mayor competitividad para las empresas frente a la frontera, evitando la fuga de consumo hacia Argentina. A ello sumó el impulso al turismo y a la inversión, generando un entorno más atractivo para visitantes y emprendedores.
Sin embargo, el edil consideró que la respuesta del Gobierno nacional ha sido “insuficiente”. Puso como ejemplo la extensión limitada de beneficios a través de la tarjeta BROU Recompensa, que según indicó— no alcanzó a cubrir las necesidades reales de la población fronteriza. También mencionó el “silencio” frente a un reclamo histórico de la región: la bonificación energética de UTE, que continúa sin respuesta.
En ese contexto, Silva expresó su preocupación por nuevas señales negativas para el litoral. Una de ellas es la reducción del beneficio del IMESI a los combustibles, que pasó al 28%. “Es una medida equivocada que golpea directamente a nuestra economía local y a la competitividad, castigando aún más a nuestros comerciantes y a nuestras ciudades ribereñas”, sostuvo.
A esto se suma, según detalló, el aumento de la cuota del FONASA en más de 2.000 pesos, lo que afecta especialmente a trabajadores y empresas unipersonales, encareciendo el costo de vida de las familias. Además, advirtió sobre los anuncios de incrementos en las tarifas de UTE, OSE y ANTEL, que impactan de forma directa en cada hogar y en cada emprendimiento.
“Son cargas adicionales que se suman a un escenario ya difícil y que terminan debilitando la capacidad de desarrollo de nuestra región”, afirmó el edil, quien insistió en que las ciudades ribereñas sostienen con esfuerzo el comercio local y el empleo.
Silva cerró su intervención con un mensaje claro dirigido al Gobierno nacional: “No pedimos privilegios, pedimos justicia. Justicia para Paysandú, para Salto y para Fray Bentos. Justicia para nuestras ciudades de frontera, para sus comerciantes, sus trabajadores y sus familias”. Con ese planteo, dejó planteado un debate que vuelve a poner en el centro las asimetrías regionales y la necesidad de políticas diferenciadas para el litoral uruguayo.
