Jean Pierre DutraEl intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se refirió a la propuesta del diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien planteó que Ancap deje de producir portland, y si bien aclaró que no conoce en detalle el proyecto, cuestionó la lógica de cerrar actividades públicas por no alcanzar determinados niveles de eficiencia.
Olivera sostuvo que el camino no debería ser clausurar reparticiones, oficinas o áreas productivas, sino buscar alternativas para hacerlas viables, más eficientes y capaces de generar valor. En ese sentido, defendió la necesidad de pensar soluciones que contemplen la producción, el empleo y el desarrollo, especialmente en departamentos como Paysandú, donde la actividad industrial tiene un peso histórico y social importante.
“No conozco el proyecto del diputado Gurméndez”, señaló el jefe comunal, aunque rápidamente marcó su posición de fondo sobre el tema.
Para Olivera, si el país resolviera cerrar cada oficina, repartición o actividad que no cumple con estándares de eficiencia, habría que revisar muchas áreas del Estado, incluso aquellas vinculadas al propio sistema político. En tono crítico, sostuvo que también podría discutirse la productividad de otros ámbitos públicos, como el Parlamento.
“Si Uruguay debería cerrar cada oficina o cada repartición que no cumpla con estándares de eficiencia, no sé si no empezamos también a reducir un poco la casa donde hoy trabaja el señor Gurméndez”, expresó.
El intendente recordó que actualmente el Parlamento cuenta con 99 representantes y 31 senadores, y planteó que la discusión sobre eficiencia debería darse de manera amplia, no únicamente sobre determinadas áreas productivas o empresas públicas.
Para Olivera, el esfuerzo debe estar puesto en encontrar mecanismos que permitan mejorar la gestión, reducir pérdidas y aportar al desarrollo, sin que eso implique automáticamente cerrar actividades o dejar de atender sectores que tienen impacto en el empleo y en la economía.
“Creo que el esfuerzo es ver de qué forma se puede ser más eficiente, de qué forma podemos aportar también a no perder empleo, a generar riqueza, a valorizar y poner en valor”, señaló.
El jefe comunal también recordó que Gurméndez administró una empresa pública, por lo que consideró que también corresponde analizar cómo se gestionó en ese momento y qué aprendizajes pueden tomarse de esas experiencias.
“Él administró una empresa pública y habrá que repensar y ver de qué forma se administró en ese momento que le tocó también a él”, afirmó.
Olivera insistió en que cerrar es siempre la salida más sencilla, pero no necesariamente la más conveniente para el país ni para las comunidades que dependen de determinadas actividades. En el caso de Paysandú, la planta de portland de Ancap representa un tema sensible por su impacto laboral, productivo e industrial.
“Lo más fácil es cerrar y cerramos. Sí, es la parte más fácil. Capaz que lo más difícil es ver de qué forma podemos darle valor y poner en valor esa actividad”, sostuvo.
La discusión sobre el futuro del portland de Ancap volvió a instalarse con fuerza en el departamento, luego de diferentes planteos políticos sobre la viabilidad del negocio cementero. En Paysandú, el tema genera preocupación por el impacto que cualquier decisión podría tener sobre los trabajadores, las familias vinculadas a la planta y el futuro industrial de la zona.
Olivera planteó que el desafío es encontrar una salida que permita mejorar la eficiencia sin resignar empleo ni capacidad productiva. Para el intendente, el debate debe ir más allá de una lógica de cierre y avanzar hacia una mirada que contemple inversión, gestión, competitividad y desarrollo territorial.
En ese marco, el jefe comunal volvió a marcar que Paysandú necesita respuestas que pongan en valor sus capacidades industriales y productivas, en lugar de asumir como única solución el cierre de actividades que forman parte de la historia económica del departamento.
La posición de Olivera se suma a otros pronunciamientos locales que reclaman claridad sobre el futuro de Ancap y del portland, en un contexto donde las autoridades nacionales, los legisladores y los representantes departamentales siguen discutiendo qué camino tomar frente a una actividad cuestionada por sus costos, pero considerada estratégica por su impacto territorial.
