Esteban OberttiEl diputado del Partido Colorado Walter Verri cuestionó el plan del gobierno para las plantas de cemento de Ancap y aseguró que no le ve viabilidad a la propuesta presentada para intentar resolver la situación del negocio cementero.
En entrevista en La Mañana de la Radio, Verri sostuvo que el problema no pasa por elegir entre la planta de Paysandú o la de Minas, sino por lograr eficiencia en una actividad que, según afirmó, viene generando pérdidas importantes para la empresa pública.
“El plan que presenta acá yo tampoco le veo mucha viabilidad, le soy sincero”, expresó el legislador.
Verri aclaró que su posición no parte de una defensa automática de una planta sobre otra, aunque reconoció que, si la decisión fuera elegir una, naturalmente hubiera preferido que fuera la de Paysandú. Sin embargo, insistió en que el debate de fondo debe ser otro: cómo transformar una unidad de negocio deficitaria en una actividad realmente eficiente.
“No pasa por elegir una planta, pasa por ser eficientes”, señaló.
El diputado afirmó que ni la planta de Minas ni la de Paysandú serían eficientes por sí solas si no existe una inversión de gran porte. Según estimó, cada una requeriría entre 50 y 80 millones de dólares para poder ser reactivada en condiciones competitivas, recursos que, a su entender, el Estado no tiene disponibles en este momento.
Para Verri, ese es uno de los principales puntos débiles del plan. Consideró poco realista pensar en una inversión millonaria cuando el gobierno, según dijo, está intentando obtener recursos en distintas áreas y revisando beneficios o exoneraciones.
En ese sentido, mencionó diferencias vinculadas a políticas de incentivo, como las exoneraciones a la importación de vehículos eléctricos, los beneficios a la carga pública de esos vehículos y recursos del fideicomiso de eficiencia energética administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
“Parecería que están tratando de conseguir más recursos de donde sea, más que poniendo”, afirmó.
El legislador sostuvo que, si se le plantea al Ministerio de Economía la necesidad de destinar 80 millones de dólares para reactivar la planta de Minas, no parece ser “el mejor escenario” ni una salida viable. Por eso, dijo, no visualiza una solución fácil para el negocio del cemento.
Pero su crítica no quedó solo en la viabilidad del plan. Verri también apuntó contra lo que considera una demora en la toma de decisiones. Afirmó que ya se perdió medio año y que, en ese período, Ancap habría acumulado pérdidas cercanas a los 20 millones de dólares en el negocio cementero.
“El año pasado perdimos 32 millones de dólares. Este año seguramente perdamos una cifra parecida”, sostuvo.
Según el diputado, ese dinero podría destinarse a otros fines, como aliviar el costo de los combustibles para los uruguayos. En su visión, las pérdidas y las ineficiencias de Ancap terminan trasladándose a la única actividad rentable de la empresa: los combustibles.
“Todas las ineficiencias que pueda tener Ancap terminan pagando en el precio de la única actividad rentable que tiene, que es el combustible”, afirmó.
Verri señaló que actualmente los consumidores están pagando un sobreprecio en los combustibles que se suma a valores que ya considera altos. Recordó que el año pasado ese sobreprecio era de 1,05 pesos y que este año llegó a 1,20 pesos.
Para el legislador, esa carga termina impactando directamente en el bolsillo de los contribuyentes y también en sectores productivos que dependen fuertemente del combustible. En ese marco, mencionó las movilizaciones de productores y transportistas en rutas, generadas por el aumento sostenido de los costos.
Verri dijo entender esos reclamos, porque no se trata de un aumento aislado, sino de varios meses consecutivos de subas fuertes. A eso se suma, según advirtió, la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los próximos ajustes, en un contexto donde las expectativas parecen más orientadas a nuevas subas que a bajas.
“Siempre lo va a pagar el bolsillo del contribuyente”, cuestionó.
El diputado colorado también reclamó una actitud más austera por parte del Estado. A su entender, antes de trasladar costos a la población, debería haber un esfuerzo real por ajustar gastos, mejorar la eficiencia y evitar que las pérdidas de las empresas públicas terminen recargando a los usuarios.
Verri cerró su análisis con una mirada crítica sobre la gestión del negocio cementero y sobre el impacto que esa situación tiene en el conjunto de Ancap. Para el legislador, la falta de definiciones concretas no solo agrava el déficit, sino que también reduce las posibilidades de aliviar costos en áreas sensibles para la ciudadanía, como los combustibles.
