Esteban OberttiEl diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, presentó en el Parlamento una propuesta para que las empresas públicas puedan disponer de un régimen tarifario especial destinado a instituciones sociales, deportivas y organizaciones de la sociedad civil.
Durante su intervención, el legislador sanducero sostuvo que el reconocimiento debe estar dirigido a quienes “sostienen el tejido social” en las comunidades, ciudades y departamentos del país. En ese sentido, aclaró que no se refería a empresas, sino a merenderos, clubes de baby fútbol, instituciones que trabajan con personas con discapacidad y organizaciones que diariamente cubren necesidades que muchas veces el Estado no logra atender.
Farinha señaló que estas instituciones cumplen un rol clave y, en los hechos, son “socias del Estado”. Sin embargo, advirtió que al momento de pagar las tarifas de energía eléctrica y agua potable suelen ser tratadas bajo criterios comerciales, lo que genera costos difíciles de afrontar mes a mes.
El diputado recordó que el viernes pasado mantuvo una reunión junto a los tres diputados del departamento y representantes de distintos partidos políticos, donde varias instituciones trasladaron su preocupación por el peso económico que representan las tarifas públicas. Según explicó, muchas de estas organizaciones tienen cantinas o pequeños servicios no con fines comerciales, sino como forma de generar recursos para sostener sus actividades principales.
“Más allá del recambio de luminarias o de la electrificación, lo más costoso es mantener los servicios mes a mes”, sostuvo Farinha en sala.
El legislador reconoció que tanto OSE como UTE cuentan con algunos regímenes de bonificación, pero consideró que esos beneficios son insuficientes para la realidad que atraviesan muchas instituciones sociales y deportivas.
En su exposición mencionó casos de Paysandú y el interior del departamento, como ADOPAY, APRODIME, Valoremos la Vida de Guichón y otras instituciones que trabajan todos los días con personas que necesitan apoyo, contención y asistencia.
Farinha planteó que el tema no debe quedar únicamente en el diagnóstico, sino avanzar hacia una propuesta concreta de trabajo. Para eso, propuso ampliar el concepto previsto en el artículo 69 de la Constitución, de manera que las empresas públicas puedan aplicar un nuevo sistema tarifario que reconozca el valor social de estas organizaciones.
El planteo busca abrir una discusión parlamentaria sobre cómo aliviar los costos fijos de instituciones que cumplen una tarea comunitaria fundamental y que, en muchos casos, dependen del esfuerzo voluntario, la colaboración de vecinos y actividades de recaudación para poder seguir funcionando.
