Esteban OberttiEl intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se refirió a su comparecencia ante la Junta Departamental, donde fue convocado para responder planteos vinculados a distintos aspectos de la gestión municipal. En entrevista realizada en la Intendencia, el jefe comunal remarcó que cada vez que el Legislativo departamental lo ha citado, ha concurrido “de forma presta” para aclarar los temas y responder las dudas planteadas.
Olivera diferenció entre las consultas que, a su entender, surgen desde una preocupación legítima y aquellas que forman parte de una actitud política que, según señaló, se ha vuelto frecuente en algunos actores del departamento.
“Siempre que la Junta nos ha convocado hemos comparecido de forma presta, a zanjar un poco las dudas”, expresó. En ese sentido, reconoció que existen “dudas razonables” y “bien intencionadas”, aunque también cuestionó miradas que, desde su punto de vista, no apuntan a construir.
El intendente sostuvo que este tipo de instancias siempre son una oportunidad para “dar la cara”, abrir la información y explicar las decisiones adoptadas por el gobierno departamental. Uno de los temas centrales abordados durante la comparecencia fue la sanción aplicada a la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero.
Sobre ese punto, Olivera fue claro: afirmó que el mensaje que se buscó transmitir es que nadie dentro de la administración está por fuera de las obligaciones que debe cumplir.
“Acá nadie se escapa de cumplir lo que tiene que cumplir”, señaló, al referirse a la decisión adoptada. Según explicó, tanto el intendente como los directores y funcionarios están sujetos a responsabilidades y controles.
Olivera remarcó que él mismo está sometido, en primer lugar, a la evaluación de la ciudadanía y al contralor de la Junta Departamental. Pero agregó que los jerarcas de la Intendencia también deben responder por sus actos cuando se apartan de los procedimientos establecidos.
El jefe comunal defendió la sanción como una forma de marcar un criterio de responsabilidad interna. “Se predica con el ejemplo”, afirmó, al señalar que no sería correcto exigir cumplimiento a los funcionarios si desde los cargos de dirección no se actúa con la misma exigencia.
Para Olivera, la clave está en aplicar una vara pareja. “Uno no puede pedirle a un montón de gente, a funcionarios que trabajan todos los días en la Intendencia, que cumplan, si cuando alguien se desvía no se lo mide con la misma vara”, expresó.
El intendente también sostuvo que todo aquello que debe investigarse, se investiga, y que cuando corresponde tomar medidas, la administración las toma. En esa línea, aseguró que se aplican los correctivos necesarios cuando se detectan situaciones que lo ameritan.
La comparecencia ante la Junta se dio en un clima político de fuerte debate, con cuestionamientos de distintos sectores y respuestas del Ejecutivo departamental. Olivera buscó presentar su postura como una señal de transparencia y de responsabilidad institucional.
Sin entrar en mayores detalles sobre otros aspectos del llamado a sala, el intendente puso el foco en la importancia de comparecer, explicar y sostener las decisiones tomadas. También dejó planteada una diferencia entre el control político que considera válido y aquellas actitudes que, según su mirada, se orientan más a la confrontación que a la construcción.
La sanción a la directora de Promoción Social quedó así ubicada como uno de los puntos más relevantes de la discusión. Para Olivera, el caso representa un mensaje hacia dentro y hacia fuera de la Intendencia: las responsabilidades deben cumplirse y las desviaciones deben tener consecuencias.
En un escenario político departamental marcado por cruces y tensiones, el intendente insistió en que su administración seguirá respondiendo cuando sea convocada por la Junta, con la intención de aclarar, explicar y defender las decisiones adoptadas.
