Esteban OberttiEl proyecto de instalación de la planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú volvió a generar un fuerte cruce de posturas entre autoridades de Argentina y Uruguay. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reiteró su rechazo a la iniciativa e incluso advirtió que podría llevar el caso a tribunales internacionales, mientras que el intendente sanducero, Nicolás Olivera, respondió con un llamado a la cautela y al respeto de los procesos técnicos en curso.
Frigerio fue enfático al señalar que su administración está analizando en profundidad el estudio de impacto ambiental del proyecto con el objetivo de impedir su avance si se detectan irregularidades.
“Estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere”, afirmó.
El mandatario entrerriano planteó la necesidad de trabajar en conjunto, pero marcó una postura firme en defensa de lo que considera intereses regionales, vinculados a la preservación ambiental, cultural y laboral.
“Trabajemos en conjunto, dejemos de lado los intereses políticos y enfoquémonos en preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región”, expresó.
Sin embargo, su discurso también incluyó una advertencia clara sobre la posibilidad de escalar el conflicto a nivel internacional. Frigerio aseguró que, de ser necesario, su gobierno recurrirá a distintas instancias judiciales.
“Si tenemos que ir a La Haya o a la Corte de Derechos Humanos, vamos a ir”, sostuvo.
El gobernador hizo además una referencia directa al conflicto histórico por la instalación de plantas de celulosa en el río Uruguay, que derivó en cortes de puentes y tensiones diplomáticas entre ambos países. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de no repetir errores del pasado.
“Ya tuvimos una experiencia donde la irracionalidad le ganó a todo. No podemos volver a eso”, señaló.
Frigerio recordó que en aquel momento se generaron fuertes tensiones sociales y políticas, con consecuencias económicas y de integración regional, particularmente en ciudades fronterizas como Colón y Paysandú.
“No hubo presidente ni cancillería que pudiera destrabar el conflicto. No podemos volver a ese escenario”, enfatizó.
Del otro lado del río, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, adoptó un tono más moderado y llamó a manejar la situación con responsabilidad, evitando escalar el conflicto.
Olivera remarcó la importancia de respetar los procedimientos establecidos, especialmente el proceso de evaluación ambiental que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de Uruguay.
En ese marco, explicó que el estudio solicitado a HIF Global incluye aspectos vinculados a posibles impactos sobre la ciudad argentina de Colón, particularmente en lo que refiere a la afectación visual.
“El estudio de impacto ambiental contempla la justificación de la empresa sobre la no afectación visual a Colón”, indicó.
El jefe comunal subrayó que este tipo de evaluaciones técnicas son las que deben guiar las decisiones, evitando caer en debates que puedan distorsionarse por factores políticos o emocionales.
Asimismo, Olivera llamó a ser prudentes tanto en las declaraciones públicas como en la forma de encarar el diálogo entre las partes.
Si bien no desconoció la preocupación existente del lado argentino, insistió en que el camino adecuado es el del análisis técnico y el respeto institucional.
El cruce de posturas refleja la sensibilidad que genera este tipo de proyectos en zonas fronterizas, donde los impactos —reales o percibidos— trascienden las fronteras nacionales.
Mientras Entre Ríos busca frenar o relocalizar la planta, Paysandú avanza en el proceso de evaluación ambiental, en el entendido de que se trata de una inversión relevante para el desarrollo local.
En este contexto, el desafío será encontrar mecanismos de diálogo que permitan canalizar las diferencias sin repetir escenarios de confrontación como los vividos en el pasado.
Por ahora, el proyecto de HIF Global continúa en etapa de análisis, pero el tono de las declaraciones deja en claro que el tema ya se instaló en la agenda política regional y podría escalar si no se logran acuerdos o consensos en el corto plazo.
